Derecho Penal

El control social jurídico-penal se lleva a cabo fundamentalmente a través de la determinación de que es delito. El control social jurídico-social del Derecho Penal va destinado a determinados comportamientos intolerables que son los delitos. El delito es un comportamiento que se desvía de los parámetros o normas de convivencia social. Esto no significa que

El Derecho Penal es una ciencia social y muy vinculada a la sociedad de cada momento. Es una ciencia valorativa que nos tiene que hacer mantener una visión crítica. El Derecho Penal es un instrumento de control social. Existen diversos límites de control social que se imponen mediante norma social y jurídica aceptadas y que,

El Derecho Penal es un conjunto de normas legales que están positivadas en la ley y que describen comportamientos que se suponen graves e intolerables. Esos comportamientos los amenaza con una pena o una medida de seguridad. Desde un punto de vista formal el Derecho Penal es un conjunto de normas que describen conductas delictivas

Cesare Beccaria (Milán 1738-1794), fue jurista y político. Amigo de Verri y asistente a las reuniones de la Sociedad de los Puños. Su obra De los delitos y las penas (1764) tuvo un gran éxito: fue comentada en su edición francesa por Voltaire y Diderot y se convirtió en el texto fundamental de todos los

CONSIDERACIONES PREVIAS El apartado séptimo del art. 20 CP regula, a través de la expresión “el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, un entramado de causas de justificación que descansan sobre un suporte común. Mediante esta fórmula genérica, se pone expresamente en escena

Se observa que el art. 20.5 CP, cuando incluye la expresión “infrinja un deber”, prevé la denominada colisión de deberes. Como modalidad específica del estado de necesidad, la colisión de deberes presenta ciertas particularidades. Hasta ahora se ha advertido que le estado de necesidad justificante otorga una facultad al propio necesitado para realizar una acción

El art. 20.5 CP no solo ampara la actuación en una situación de necesidad para evitar un mal propio, siendo el necesitado el que realiza la conducta típica de salvamento. Al afirmar que el mal a evitar puede ser “ajeno”, también contempla las hipótesis de auxilio necesario. En tales casos, la acción de salvamento es

El art. 20.5º CP exime de responsabilidad criminal al que “en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los requisitos siguientes: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Segundo. Que

1. El sistema tradicional para la incriminación de las conductas imprudentes en Derecho Penal español era a través de una cláusula general que preveía una pena atenuada para los casos en que los delitos dolosos tipificados en el CP se realizaran por imprudencia. Este sistema se denominaba de numerus apertus, porque no existía un catálogo

1. Según el art. 10 CP, no solo son delitos o faltas los hechos dolosos sino también las “acciones y omisiones imprudentes penadas por la ley”. Si efectivamente el autor ha realizado el tipo objetivo por imprudencia, podrá imputársele el tipo imprudente del delito correspondiente, siempre que esté prevista esa tipificación imprudente pues, como se

Naturalmente la convicción de que el sujeto ha actuado con conocimiento o previsión del resultado deberá obtenerla el juez, como ocurre con todos los elementos subjetivos, a través de indicios, salvo los pocos casos en que el acusado reconozca que actuó con dolo. Entre los indicios más relevantes para afirmar que el sujeto ha actuado

LA TEORÍA COGNITIVA DEL DOLO I) LA DELIMITACIÓN ENTRE DOLO E IMPRUDENCIA CON UN CRITERIO COGNITIVO 1. La doctrina partidaria de una teoría cognitiva del dolo coincide en delimitar el dolo y la imprudencia con un criterio exclusivamente cognitivo (conocimiento/desconocimiento), siguiendo la postura defendida en Alemania por algunos autores. 2. Para la descripción del conocimiento

1. La comprobación de que una conducta coincide con aquella objetivamente descrita en el tipo penal-incluida la comprobación de los requisitos de imputación objetiva, en los delitos de resultado-es un presupuesto necesario para afirmar que la conducta es típica pero no es suficiente. La calificación de una conducta como típica significa la afirmación de que

En tanto en cuanto se considere que los delitos de peligro tienen un bien jurídico “propio” y “diferenciado” de los bienes jurídicos individuales que indirectamente se pretenden proteger, los delitos de peligro, como regla general, no pueden quedar desplazados por los delitos de lesión. La solución que valore el total contenido de injusto del hecho

1. La realización del tipo objetivo en los delitos de peligro concreto requiere la comprobación de que la acción ha puesto en una situación de peligro real a un bien jurídico. Esto es: en primer lugar, ha de existir un objeto de la acción y haber entrado en el ámbito operativo de quien lo pone

Los delitos de peligro abstracto -que en su estructura típica objetiva no se diferencian de los delitos de simple actividad- sólo requieren que el autor haya realizado la acción prohibida, en particular, la acción que, según la experiencia general, representa en sí misma un peligro para los bienes jurídicos con abstracción del caso particular. La

1. La simple realización de acciones peligrosas para los bienes jurídicos (esto es, la realización de acciones de las que solamente es previsible que se pueda derivar la lesión de un bien jurídico) es tomada en consideración por el Derecho Penal de diversos modos. En unos casos (art. 11 CP), la creación de un peligro

En los delitos de lesión de mera actividad, la imputación al tipo objetivo, esto es, la comprobación de que el autor ha realizado la vertiente objetiva del tipo, se agota con la verificación de que se ha realizado la acción típica. En estos delitos-en los que la simple realización de la acción produce el efecto

El Art. 20,5º CP declara exento de responsabilidad criminal al que actúa en estado de necesidad cuando el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. El mencionado precepto recoge dos modalidades distintas de estado de necesidad: a) El estado de necesidad en el que la desproporción entre el bien que

Finalmente, todavía en el ámbito de la imputación objetiva, hemos de hacer referencia al consentimiento del titular del bien jurídico para determinar su fundamento como causa de exclusión de la pena. Esta cuestión ha sido muy discutida en la doctrina, otorgándole genéricamente tres fundamentos distintos a su eficacia exoneratoria. En primer lugar, el consentimiento fue

Roxin establece el alcance del tipo como un ulterior escalón o nivel de imputación para restringir la responsabilidad criminal, dando entrada a consideraciones de política criminal a través de la interpretación de los tipos delictivos en cuestión. Señala que, por regla general, con la creación de un riesgo típicamente relevante y su realización en el

Una vez constatado que la acción ha creado un riesgo típicamente relevante, para afirmar la imputación objetiva del resultado a la acción es necesario comprobar que el resultado causado es la realización efectiva del riesgo inherente a la conducta del autor, es decir, que es la realización del peligro que la norma infringida tenía por

En primer lugar, para poder afirmar la imputación objetiva es necesario comprobar si la acción causante del resultado ha creado un riesgo típicamente relevante, dado que desde la concepción personal del ilícito aquí defendida el objeto de la prohibición penal no puede ser más que acciones objetivamente peligrosas para los bienes jurídicos, cuya puesta en

Desde la perspectiva expuesta, queda claro que el nexo objetivo entre la acción y el resultado plantea dos problemas distintos, que deben ser resueltos sucesivamente en sentido positivo, acudiendo a criterios diversos, para poder constatar la realización del tipo objetivo en los delitos de resultado. Por ello, la teoría de la imputación objetiva exige delitos

Como es sabido, los delitos de resultado son aquellos cuya estructura típica exige la producción de un efecto sobre el objeto del bien jurídico separado en el espacio y en el tiempo de la acción. Se exige que acción y resultado se encuentren unidos por un nexo objetivo que permita afirmar que el resultado es

1. LA CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE LOS ILÍCITOS PENALES SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA PENA El CP de 1995 adoptó una clasificación tripartita de las infracciones según la gravedad de la pena prevista por ellas. Así, el art. 13 CP distingue entre delitos graves, delitos menos graves y faltas, según que la pena prevista en la

Una vez confirmada la existencia de una acción conrtaria a la norma sin otra permisiva que la justifique, es preciso demostrar la culpabilidad del autor de la acción. La culpabilidad se refiere al conjunto de requisitos necesarios para poder atribuir al autor el hecho ilícito, el injusto. Es preciso, entonces, demostrar la culpabilidad del autor,

El indicio de contrariedad al Derecho que aparece con la tipicidad, debe posteriormente confirmarse mediante el juicio de antijuricidad. En el sistema tripartito propuesto, la antijuricidad es estrictamente la sede de las causas de justificación y se confirma su existencia por la ausencia de los mismos, es decir, a través de un procedimiento negativo de

La tipicidad consiste en la descripción de la acción prohibida y es sinónimo de la materia de prohibición o contravención de la norma. Un hecho es típico cuando se encuentra expresamente recogido en un precepto de la parte especial del Código. Normalmente el comportamiento consistente en matar a otro es un hecho típico-art. 138 CP-y

Una actividad es contraria al Derecho cuando infringe una norma penal, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico, dolosa o imprudentemente, sin que exista norma permisiva que justifique tal actuación. Para que la acción u omisión contraria al bien jurídico, ya lo lesione o ponga en peligro, sea calificada como ilícito penal es preciso,

Sin desvalor de acción no se sanciona el desvalor de resultado por grave que este sea y, por contra, sí puede castigarse una acción disvaliosa que no produzca resultado alguno. Salvo en los delitos imprudentes, ya que en estos, el legislador ha decidido que el resultado es un criterio de selección de las conductas prohibidas;

Según el propio Roxin sus tesis se aproximan en la medida en que comparten la crítica al punto de partida ontológico del finalismo y la elaboración normativa de las categorías dogmáticas pero se aleja en la medida en que limita esa tarea a la estabilización del sistema. Jakobs, para llegar a la consecuencia de la

La teoría de Jakobs se basa en un principio de prevención general orientado al mantenimiento del sistema social. Se considera que la pena está al servicio del ejercicio de la fidelidad al Derecho, y la culpabilidad se le asigna al autor en función de la misma necesidad preventiva. Es un claro ejemplo de planteamiento normativista,

Roxin defiende la unidad sistemática entre la Política criminal y Derecho Penal como una misión del Ordenamiento jurídico. En este planteamiento, se contempla que las diversas categorías del delito-tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad-deben desarrollarse bajo el prisma de su función político-criminal. Esta fundamentación repercute en la teoría de Roxin de cinco modos: – El principio nullum

En la concepción personal del injusto, el concepto de acción debe interpretarse como control del individuo de los cursos causales. Si la acción, como estructura lógico-objetiva, es la esencia de este modelo, las repercusiones son, por un lado, que el tipo penal adopta también la estructura penal de la acción y, como es lógico, eso

A) SISTEMA CLÁSICO DEL DELITO El sistema clásico del delito deriva del concepto causal de acción, que consistía en separar el estudio de la acción, como proceso causal externo que provoca un resultado-contenido objetivo-, en la tipicidad, y la intención del autor en la culpabilidad. En congruencia con este punto de partida se podía referir

La construcción de un sistema de Derecho Penal está vinculada a la teoría de las normas que se defienda-normas de valoración o de determinación-. Las normas de determinación, son las que prohíben realizar un comportamiento o imponen mandatos de actuación dirigidos a la colectividad para que los cumplan. Así interpretados, las normas penales son imperativos

La teoría del delito es la concreción más significativa de la dogmática penal y consiste en la sistematización de los diversos elementos que permiten determinar la responsabilidad penal de quien lesiona o pone en peligro un bien jurídico mediante la creación de un riesgo desaprobado. La persona que atenta contra un valor trascendente del Ordenamiento

De acuerdo con el art. 71.2 CE “durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad, y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Por su parte, el art. 6 de la Ley Orgánica

Tanto el procedimiento como los requisitos para que España pueda conceder la extradición de una persona a otro país se encuentran establecidos en la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1.985. El procedimiento de extradición pasiva aparece reglado en los arts. 7 y ss. LEP. Dicho procedimiento se inicia cuando el Gobierno

La extradición activa es aquella en virtud de la cual España solicita a otro Estado la entrega de una persona que se encunetra en el territorio de ese otro Estado, con la finalidad de que pueda ser juzgada en España. El procedimiento para extradición activa aparece recogido en los arts. 824 y ss. LECrim, y

El art. 23.4 LOPJ declara expresamente la competencia de la jurisdicción española “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda

El art. 23.2 LOPJ consagra el principio de personalidad en los siguientes términos: “Asimismo, [la jurisdicción española] conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a

El art. 23.3 LOPJ dispone que “conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado. b) Contra el titular de

La aplicación de la ley penal se rige, en general, por el principio de territorialidad, que implica que los Jueces y Tribunales españoles son competentes para aplicar la ley penal española a todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional español con independencia de la nacionalidad de los autores del delito o de sus víctimas.

• El principio de especialidad es esencial en la solución de la concurrencia de preceptos penales. Según él, “el precepto especial se aplicará con preferencia al general” (art. 8.1 CP). Las razones de esa especialidad, a menudo residirán en la existencia de agravaciones o atenuaciones típicas que incorporan algún elemento adicional de valoración a los

El principio non bis in idem significa la prohibición de sancionar más de una vez el mismo hecho. Aunque no se halla recogido expresamente en la Constitución, es doctrina reiterada de su máxime intérprete la conexión que guarda este fundamental principio con el de legalidad de las sanciones penales y administrativas contenido en el art.

La aplicación de los principios expuestos obliga a hacer algunas consideraciones en torno a cómo se determina la ley penal más favorable para el reo. I) En primer lugar hay que tener en cuenta que, en algunos casos, para determinar qué ley penal es la que más favorece al reo debe tomarse en consideración la

El punto de partida para solucionar estos problemas viene dado por el principio tempus regis actum, esto es, por la regla general según la cual los hechos se enjuician con arreglo a la ley que estaba en vigor en el momento de su realización (lo que comporta la irretroactividad de las leyes penales). Así lo

Como se mencionó en la propia definición del principio de legalidad, la conducta delictiva y la pena correspondiente deben estar previstas en la ley antes de la realización del hecho (lex praevia). En otras palabras, una conducta solo puede ser considerada delito y resultar penada si está prevista como tal y con la correspondiente consecuencia

1. La prohibición de la analogía in malam partem no implica en absoluto prohibición de interpretación por parte del juez. 2. Lo que exige el principio de legalidad es que el juez efectúe la interpretación dentro del tenor literal del precepto penal, es decir, en el marco delimitado por el sentido literal posible del texto

El principio de legalidad conlleva como consecuencia para el juez la prohibición de castigar aquellas conductas que no estén estrictamente contenidas en la ley penal. Como consecuencia de ello, el juez penal no puede utilizar la analogía para considerar una conducta constitutiva de delito. La analogía consiste en aplicar una norma jurídica a un caso

La exigencia de lex certa no solo rige para la descripción de las conductas ilícitas sino que también alcanza a las consecuencias jurídicas del delito, es decir, a la determinación de las penas y las medidas de seguridad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que “la doble garantía impuesta por el art. 25.1 CE no se

Para que realmente la ley cumpla con su función de establecer cuáles son las conductas punibles, estas deben estar definidas con claridad y precisión, no de forma excesivamente vaga o genérica. Solo de esta forma puede el ciudadano saber qué es lo permitido y lo prohibido y puede el Juez decidir con exactitud si debe

La ley penal, pese a su carácter generalizador, ha de describir de una manera precisa, clara y exhaustiva-en definitiva, de una manera cierta- tanto la conducta prohibida como la pena con la que se conmina su realización. Esta exigencia de lex certa, llamado también “principio de taxatividad”, se vincula estrechamente con la faceta garantista del

No es posible responsabilizar por su acción, ni por el resultado por ella producido, a quien ha actuado sin dolo (sin saber lo que hacía) ni imprudencia (sin haberlo podido prever). Esta exigencia, conocida también con el nombre de “principio de responsabilidad subjetiva”, debe vincularse al carácter personal del ilícito penal (ya que las normas

1. Al final de los años sesenta del s. XX se produjo una potenciación de los sustitutivos penales, la búsqueda de penas alternativas a la prisión y, sobre todo, el auge del llamado “ideal resocializador” según el cual, cuando-por resultar inevitable- se tuviera que hacer uso de la pena privativa de libertad, la ejecución de

La historia del Derecho Penal ha sido la historia de su progresiva humanización. El principio de humanidad de las penas tal vez sea el que en mayor medida caracteriza la evolución del contenido del sistema penal contemporáneo. El art. 15 CE establece que nadie puede ser “sometido a penas inhumanas o degradantes”. De este modo

a) La diferencia entre un delito y una infracción administrativa, y entre una pena y una sanción administrativa no es sustancial o cualitativa (ya que ambas constituyen distintas manifestaciones de un mismo poder sancionador del Estado), sino puramente cuantitativa en el sentido de que los ilícitos penales (los delitos) deben ser los más graves de

La aplicación de las garantías constitucionales del Derecho Penal ordinario al Derecho sancionador administrativo se prevé en la Constitución Española de manera expresa ya que los arts. 9, 25 y 106 CE han sentado las bases para someter definitivamente la potestad sancionadora de la Administración a las garantías fundamentales que resultan propias del Estado de

Por lo general, el Derecho suele dividirse en dos grandes campos: el Derecho Privado (que se basa en el principio de equiparación de los que intervienen en las relaciones jurídicas) y el Derecho Público (en el que rige la subordinación del individuo al poder del Estado). El Derecho Penal pertenece, evidentemente, al Derecho Público. Pero

A) GARANTÍAS QUE PRESIDEN SU APLICACIÓN Para aplicar una medida de seguridad es imprescindible cumplir los requisitos establecidos en la Ley (arts. 6 y 95 CP). Por consiguiente, a) las medidas de seguridad deben ser aplicadas por un Juez o Tribunal (garantía jurisdiccional); b) el sujeto debe haber cometido un hecho previsto como delito (post-delictualidad);

Se puede afirmar que en la actualidad hay un profundo acercamiento entre las penas y las medidas de seguridad porque el fin es el mismo, su necesidad y utilidad de evitar el delito a través de la prevención (general y especial) y, además, las penas y las medidas de seguridad deben estar rodeadas de las

El Estado, para ejercer su poder controlador/sancionador, no solo dispone del mecanismo de la pena, sino que junto a ella utiliza otro instrumento: la medida de seguridad. La pena ha sido históricamente el instrumento tradicional de reacción frente al delito, y ello porque, a la luz de los postulados de la Escuela Clásica (teorías absolutas

I) CONSIDERACIONES PREVIAS La determinación de los límites a partir de los cuales debe comenzar la exigencia de la responsabilidad penal ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado a la ciencia del Derecho Penal. El sistema del discernimiento fue, en un principio, el criterio elegido para determinar la responsabilidad penal de los

La pena de prisión, en general, separa al condenado de la sociedad- esta es una de sus funciones “negativas”: la inocuizadora- y ello resulta contraproducente en orden a posibilitar el fin constitucional de reinserción social (art. 25.2 CE). Según los principios que lo inspiran, el proceso de resocialización pasa por unos grados de cumplimiento de

Además de las previsiones de sustitución legal de las penas de prisión inferiores a tres meses, el Código contempla otros supuestos de sustitución judicial en tanto que posibilidades que se reconocen a los tribunales de imponer motivada-pero discrecionalmente- penas distintas a la privación de libertad de escasa duración. Es la primera vez que nuestro Derecho

Se regula en los arts. 80 a 87 del Código Penal y consiste en una facultad que se otorga a jueces y tribunales de evitar el cumplimiento normalizado de las penas privativas de libertad. Bajo su régimen más común, las posibilidades de suspensión se establecen para penas de naturaleza leve o menos grave-hasta dos años-

Fue bajo el positivismo criminológico italiano de finales del s. XIX cuando se utilizó por vez primera la terminología “sustitutivos penales”. La sugirió Ferri, uno de sus más reconocidos representantes, para designar una serie de medidas destinadas a servir de alternativa a las penas en general. No eran, sin embargo, medidas penales las que proponía

Novedades como la introducción del sistema de días-multa y de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El art. 32 CP establece la clasificación de las penas en base a su naturaleza, distinguiendo entre penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Son penas privativas de libertad la prisión, la localización

La legislación penal española está compuesta por dos grandes grupos de leyes. I) En primer lugar, por las leyes que establecen delitos y sanciones penales para aquellos que los cometen. Dicho conjunto de leyes está constituido por la legislación penal común y la legislación penal especial. a) La legislación penal común es la contenida en

Inicialmente, el estudio de las sanciones penales recibió el nombre de penología como rama de la ciencia penal que se ocupaba del castigo del delincuente. Estudio y sistematización de las diversas sanciones penales, fundamentalmente de las penas, pero también de las medidas de seguridad y de las consecuencias accesorias, e incluso, en sentido amplio, de

Es solo una vertiente de la Criminología que estudia el papel que debe jugar la víctima en alguna de las fases del sistema penal, fundamentalmente, en la selección de alternativas a la sanción –conciliación, mediación-. Su importancia reside, sobre todo, en su posible influencia en el marco de aplicación y ejecución de las sanciones y,

El Código Penal español vigente no responde a ningún modelo definido de teoría de la pena. Esta actitud del legislador que en principio podría considerarse un acierto (ya que no se puede cerrar legislativamente una discusión absolutamente abierta y viva en la dogmática), constituye sin embargo un gravísimo error desde el momento en que, por

La opción en favor de alguna de las teorías de la pena es, lógicamente, libre. Todas ellas presentan ventajas e inconvenientes. Pena: fenómeno pluridimensional que cumple diferentes funciones y que se debería legitimar a través de un “modelo integrado” (no excluyente) de axiomas legitimantes: se trataría, en definitiva, de articular la teoría de la prevención

Legitiman la pena en atención a sus consecuencias sociales: la obtención o la tendencia a obtener un determinado fin socialmente útil, ya se trate de prevenir-evitar delitos (teorías relativas y teorías de la unión), ya se trate de ratificar las normas violadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema social (teoría de la prevención general

– Las teorías absolutas de la pena (o teorías de la retribución) son propias del idealismo alemán (Escuela Clásica) del s. XIX, y tienen como principales representantes a Kant y Hegel. Estas teorías asignan a la pena la función metafísica de la realización de ideales “absolutos”, como las exigencias de la Justicia o el Derecho.

– Las teorías de la pena no tratan de dar respuesta a la pregunta relativa de qué es la pena. La pena es siempre un castigo, un mal, una privación de derechos (la libertad, la posibilidad de ejercer profesiones, de realizar determinadas actividades como conducir vehículos, etc.) que el Estado impone coercitivamente al autor de

Control social: • Ross: “todos los procesos que contribuyen a la “socialización” del individuo, esto es, a la reproducción de las reglas y del orden social vigente: opinión pública, derecho, sistema educativo, religión, entre otros”. • Parson: “conjunto de medios que permiten influir y reaccionar frente a los comportamientos “desviados”, esto es, dar respuesta a

· Derecho penal: conjunto de normas que vinculan al delito la consecuencia de una pena y/o una medida de seguridad. Lo que pretende es evitar la lesión o puesta en peligro de aquellos valores individuales o intereses colectivos que se consideran esenciales para la coexistencia social; y con ello, la protección de determinados bienes jurídicos.

En atención a los casos característicos de tipos que contienen elementos subjetivos del injusto, se deben mencionar los delitos de intención, los delitos de tenencia interna trascendente y los delitos de expresión. En los primeros, delitos de intención, el acontecimiento externo no aparece por sí solo como contrario a derecho si no se realiza para

La clasificación de los tipos se puede formular atendiendo a los diversos elementos que lo integran. Alguna de las clasificaciones ya han sido abordadas al estudiar particularmente los elementos del tipo por lo que en relación con ellas solo las mencionamos para posteriormente analizar las que hasta ahora no se han visto. En cuanto al

Con el estudio de los elementos genéricos y usuales del tipo y de los elementos subjetivos del mismo no se agotan las posibles peculiaridades del proceso de tipificación. Junto a tales elementos, a veces, se exige la concurrencia de ciertas excepcionales circunstancias descritas en las respectivas figuras legales que no pertenecen ni a la conducta

LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN COMO COMPORTAMIENTOS PUNIBLES Las conductas que el legislador prohíbe son comportamientos activos y voluntarios. Pero sucede que también la norma obliga en DP a desarrollar o a llevar a cabo una conducta activa porque lo que prohíbe es la omisión. Hay que tener en cuenta que la omisión en DP

Es un problema que atañe al tipo de injusto porque está vinculado con la conducta típica. La experiencia y la complejidad del comportamiento humano ponen en evidencia que a veces la conclusión de causalidad no es tan sencilla a la hora de determinar la misma. No siempre es fácil determinar que a un resultado concurren

Para que una conducta en derecho penal sea relevante tiene que ser voluntaria. Si uno no puede controlar su comportamiento, el CP no podrá impedir nada. Implícitamente, este requisito se residencia en el art. 10 CP, cuando acota el objeto del DP a las acciones dolosas o imprudentes, es decir, las acciones voluntarias. Lo que

Se distingue entre delitos de mera actividad y delitos de resultado. En los delitos de resultado, para la consumación del hecho delictivo, el legislador exige el acaecimiento del resultado material. Normalmente ese resultado suele ser inmediatamente posterior al desarrollo de la acción. El resultado en el homicidio es la muerte. En cambio, hay delitos en

El sujeto pasivo se define como el titular del bien jurídico protegido. En algunas situaciones el sujeto pasivo es de titularidad colectiva (estado, municipio, etc.). En el caso del tráfico de drogas es la sociedad (todos los ciudadanos). Lo siguiente es diferenciar entre sujeto pasivo y sujeto sobre el que recae la acción delictiva. A

Hay que establecer una primera distinción entre sujeto activo y autor. Sujeto activo  el concepto alude a la persona que realiza el hecho descrito en el tipo penal y no establece ningún juicio de valoración adicional. No describe la existencia de responsabilidad. Autor  alude siempre a la responsabilidad por el hecho antijurídico realizado

En ese sentido hay que destacar que la formulación típica es esencialmente una descripción. Una descripción heterogénea, es decir, polivalente. La formulación típica es una descripción que se verifica a través de una proposición. Una proposición normativa que se descompone en términos. El sentido de los mismos se determina en virtud de una operación intelectual

El contenido de injusto de una infracción viene determinado por la medida en que viola el objeto de protección de la norma. Desde este punto de vista, la infracción puede consistir en una efectiva lesión de un bien jurídico o simplemente en su puesta en peligro. No todos los delitos son delitos de daño o

El tema del bien jurídico constituye pieza fundamental de la teoría jurídica del delito. Su planteamiento y relevancia se manifiesta sin duda en un entendimiento del derecho como tutelador y protector de bienes jurídicos. Por otra parte es claro que su fortalecimiento es propio de una concepción liberal del derecho penal inspirada en la clara

Para COBO–VIVES, generalmente se atribuyen al tipo dos funciones primordiales, función indiciaria y función de garantía, a ellas en ocasiones se suma una función procesal. Frente a esta perspectiva, el tipo cumple junto a la función fundamentadora del injusto una decisiva función delimitando el ámbito de lo penalmente relevante, así el tipo de injusto es

Desde una perspectiva general se suele afirmar que se entiende por tipo el conjunto de los presupuestos a los que aparece ligada una consecuencia jurídica. En derecho penal, el concepto de tipo es ante todo tipo de injusto, esto es, delimitación de las características determinantes del injusto específico de cada figura delictiva. En relación con

La antijuridicidad ha sido caracterizada como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Quien sustenta una concepción objetiva de la misma debe concebirla como desvalor de resultado y quien mantiene una concepción subjetiva habrá de configurarla primordialmente como el desvalor de la acción. Desde la perspectiva aquí defendida se opta por rechazar

WELZEL, ha señalado que antijuridicidad e injusto, generalmente, se utilizan como sinónimos pero realmente son cosas diferentes, la antijuridicidad es una mera relación de contradicción entre una norma y un hecho o acontecimiento cualquiera. El injusto, por el contrario, es el objeto valorado, algo sustantivo, el hecho antijurídico en sí mismo considerado. No existe una

Se entiende por antijuridicidad formal la contradicción de un hecho con la ley y por antijuridicidad material su contraste con los intereses sociales, es decir, su lesividad social. Habiéndose mantenido una vigencia a ultranza del principio de legalidad, no podemos más que descartar la existencia de estas dos clases de antijuridicidad. De la misma forma

En primer lugar, en relación con el concepto de antijuridicidad hemos de señalar que en su momento adoptamos una sistemática axiológica que analiza la infracción en base a dos juicios constitutivos: el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. De las definiciones que se han ofertado en relación con la antijuridicidad continúa siendo válida

Hasta ahora, se ha venido manejando el término delito como sinónimo de infracción. Lo hemos utilizado tanto para referirnos a las infracciones penales más graves, delitos, como a las más leves, faltas. Obviamente, la infracción penal y el delito se pueden clasificar de tantos modos o formas como criterios seleccionemos para ello, uno de estos

El concepto de delito ha sido formulado en múltiples definiciones. Se pueden agrupar en doctrinales y legales. Dentro de las doctrinales también se pueden distinguir las sustanciales de las formales. Dentro de las sustanciales que son aquellas que tienden a captar sus características materiales hay que diferenciar las sociológicas de la filosóficas. Dentro de las

El asilo puede ser territorial o diplomático y pueden solicitarlo aquellos a quienes se hubiese concedido o reconocido la condición de refugiado. La ley 9/1994 se remite a los instrumentos internacionales y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados así como al Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado.

En el derecho positivo existen convenios suscritos con diversos países. La CE, en el artículo 13, número 3, establece que la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

• Activa, consiste en la solicitud de entrega de un inculpado o condenado por un estado a otro. • Pasiva, se concreta en la entrega de un delincuente real o presunto refugiado en un país al estado reclamante

Es una institución íntimamente relacionada con los problemas que plantea la aplicación de la ley penal en el espacio. Trata de resolver los que resultan cuando el individuo que ha cometido un delito en un estado concreto logra escapar a la acción de las autoridades y busca refugio en otro país. La importancia que se

Este principio atiende al contenido de la infracción y al bien jurídico conculcado pero por su proyección universal. Se encuentra recogido en el art. 23.4 LOPJ. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como

Según este principio, el Estado aplicará su propia ley penal a todos los delitos cometidos contra sus intereses, cualquiera que sea el lugar donde se hayan cometido y la nacionalidad de la persona que lo ejecuta. Su fórmula puede parecer egoísta puesto que concreta la protección estatal a determinados intereses vitales del Estado o de

Según el mismo, no se atiende al territorio si no a la nacionalidad del delincuente. De manera que se tendrá en cuenta la ley penal del país del sujeto activo del delito. En esta línea, el número 2 del art. 23 LOPJ establece … Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas

En cuanto al lugar de comisión del delito, puede ser importante en hipótesis en las que se comete el delito en un país y se produce el resultado en otro diferente. Ante la ausencia de regulación expresa, la doctrina ha elaborado una serie de teorías: Teoría de la acción, esto es, donde se ha producido

Mediante este principio, la ley penal se aplica a todos los hechos delictivos cometidos dentro del espacio de soberanía estatal, sea cual fuere la nacionalidad del delincuente o los intereses que éste conculque. En esta línea, el número 1 del art. 23 LOPJ, afirma: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento

Entran en vigor después de haberse cometido el hecho punible y son derogadas antes de ser juzgado. Es especialmente compleja su aplicación cuando la más favorable es la ley intermedia ya que el resto de hipótesis posibles se resuelven con las reglas ya conocidas y en dicho supuesto, ley intermedia más favorable, nada impide optar

La idea anterior hay que completarla con una excepción: si la ley posterior comporta un trato más favorable para el sujeto que ha delinquido, se aplica entonces la ley más favorable aunque sea posterior a la realización de los hechos. En este sentido, el art. 2.2. CP afirma: “No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes

De acuerdo con este principio, las leyes penales no se aplican a situaciones surgidas con anterioridad a su entrada en vigor: irretroactividad. Y tampoco a las desarrolladas con posterioridad a su derogación: ultraactividad. En síntesis: la ley penal se extiende a los comportamientos realizados después de su entrada en vigor y antes de su derogación.

La ley penal no tiene una vigencia sin límite. A la misma se le plantean limitaciones temporales y espaciales. La razón de ello, como apunta JIMENEZ DE ASÚA, se encuentra en la misma naturaleza de la norma. Es un acto de voluntad colectiva manifestada por los órganos del Estado mediante el cual se regula jurídicamente

La CE regula esta materia en el capítulo III, del Título III, dedicado a las Cortes Generales. Al efecto, se diferencian tratados internacionales diferentes. Pero en materia penal la hipótesis que había que plantear sería la del art. 94 CE, letra C, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a

En primer lugar hay que señalar que existe acuerdo de que la jurisprudencia no es fuente de Derecho penal. Al margen del papel que el art. 1.6 CC le otorga. Pero, a la vista de la CE y como quiera que la CE se presenta como un límite superior y absoluto a la actuación de

En primer lugar la definimos con SAINZ CANTERO y BATAGLINI como la observancia uniforme constante y general de ciertas normas no escritas con la convicción de su obligatoriedad jurídica. Su valor en el ámbito penal ha sido siempre discutible aunque es mayoritaria y totalmente válida la afirmación que la excluye como fuente directa sin que

Se pueden establecer muchas clasificaciones. La ley penal codificada es la que se contiene sistemáticamente estructurada en el Código Penal. Es la más representativa de las leyes penales y guía de todas las demás. Las leyes penales especiales son leyes distintas al CP, pero que sin embargo describen delitos, estados peligrosos, penas o medidas de

La ley es un acto de las Cortes Generales sometido a una serie de procedimientos constitucionalmente previstos. El número 2 del art. 66 establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Los art. 81 y ss. regulan los tipos de leyes existentes, el procedimientos legislativo, promulgación, sanción y en general la regulación

Se suele distinguir en las fuentes del Derecho Penal entre fuentes de producción y fuentes de manifestación que a su vez se subdividen en fuentes directas (que obligan directamente a sus destinatarios) y fuentes indirectas (que necesitan un reenvío hacia ellas por parte de una fuente directa, por ejemplo la costumbre). En Derecho Penal, la

El 8 de noviembre de 1995 es aprobado el código penal de 1995. Valoración Las valoraciones que se pueden hacer de un código penal completo son múltiples, destacando la inclusión del título preliminar en el que sorprendentemente no se incorpora la regulación de la ley penal en el espacio. Igualmente es destacable el sistema de

El camino de las reformas que se suceden tras 1975 es una muestra de la necesidad de un código penal nuevo adaptado a un régimen político nuevo. Dicha tarea, desde la publicación de la Constitución de 1978 ha necesitado 17 años para ver cumplido ese objetivo. En dicho período se han sucedido proyectos y anteproyectos.

El fallecimiento de Franco en 1975 y el nuevo giro político así como la aprobación de la Constitución de 1978, obligan a una sucesión de reformas que pretenden adecuar el Código Penal a los nuevos valores democráticos. Destacables son múltiples leyes como la LO 8/1983 de 25 de junio que entre otras cosas acató algunas

Las corrientes reformistas en materia penal también encontraron amplio en las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812 contiene entre otros logros la eliminación del tormento y los apremios, el principio de personalidad de la pena y la inviolabilidad del domicilio. Idea esencial fue la creación de un Código Criminal único. Dicho código no llegó

Este principio aparece muy cercano en su construcción al principio de culpabilidad. Señala que todas las relaciones humanas que el derecho penal regula se deben reglar sobre la base de una vinculación recíproca, de una responsabilidad social hacia el ciudadano que delinque. En resumen, de una comprensión humanitaria y solidaria sobre la persona del delincuente.

Constituye este principio un irrenunciable límite del ius puniendi. En su formulación sustantiva, significa que no se puede castigar más de una vez por la misma infracción. En cualquier caso no es únicamente su proyección sustantiva la que concreta sus consecuencias sino que también incide en el derecho procesal penal. En su dimensión sustantiva se

El principio de necesidad de pena se presenta como una exigencia adicional a la culpabilidad. La pena adecuada a la medida de culpabilidad, tendrá que ser además necesaria para responder a las exigencias de prevención general y especial. Generalmente no está contemplado en las constituciones europeas pero sí en declaraciones de intenciones como la Declaración

El art. 6 del CP recoge el principio de peligrosidad. Su incorporación al CP conlleva una extensión de los planteamientos garantistas a las medidas de seguridad. El principio de peligrosidad tal y como está recogido, fundamenta las medidas de seguridad en la peligrosidad social del sujeto exteriorizada en la concreción de hechos punitivos como el

El principio de culpabilidad presenta consecuencias: no hay pena sin culpabilidad; esto es que la aplicación de la pena está condicionada a la existencia del dolo o imprudencia y que a la capacidad de comportarse de acuerdo a las normas punitivas y no habrá actuado de acuerdo con las normas punitivas. Esta consecuencia no supone

El principio de culpabilidad supone otra importante limitación al Derecho Penal en un estado social y democrático de derecho. Plantear el principio de culpabilidad en la actualidad supone reconocer el debate y la polémica que surgen sobre el mismo. En cualquier caso, hay que reconocer que las objeciones, más que contra el mismo, están dirigidas

Origen y significado Constituye uno de los límites más importantes, se expresa de la siguiente forma: “ningún hecho puede ser estimado como delito sin que una ley anterior lo haya calificado como tal. No podrá aplicarse ninguna pena que no haya sido previamente establecida por ley”. Nullum crime sine lege, Nullam pena sine lege. Su

Cuando surge el fenómeno nuevo se tiende a la expansión del DP. Se propugna desde esta asignatura un DP mínimo con las garantías tradicionales y respetuoso con los principios tradicionales del DP y con el principio de intervención mínima. Ningún fenómeno expansivo puede justificar limitación o extensión de los tradicionales principios del DP. La pérdida

Junto a la pena, el DP prevé la medida de seguridad como mecanismo de reacción. En cuanto al concepto, BERISTAIN IPIÑA afirma que la medida de seguridad se puede definir como un medio asistencial consecuente con un hecho típicamente antijurídico aplicado por los órganos jurisdiccionales a tenor de la ley a las personas peligrosas. La

La pena es un mal puesto que se produce en un acto de fuerza que la sociedad emplea para la defensa y que supone en última instancia para el individuo una privación de derechos. Se justifica por su necesidad y tiene un fundamento doble: • Por un lado la culpabilidad, que juega fundamentalmente como una

La función esencial del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos. Sin embargo, esta idea se aleja del hecho punible cometido y del bien jurídico lesionado, pues para éste, el Derecho Penal, llega demasiado tarde. Es admisible el criterio de KAUFMANN de que la protección de bienes jurídicos mira al futuro, al comportamiento del

Indiscutiblemente, el bien jurídico es uno de los conceptos fundamentales del Derecho Penal. Su concepto y contenido están sometidos a constantes discrepancias que en la actualidad se pueden vincular al siguiente binomio: teorías constitucionalistas y orientaciones sociológicas. En relación con esta cuestión, hay que tener en cuenta, a mi juicio, que la declaración del art.

De las diversas teorías existentes se puede inferir que el Derecho Penal tiene una doble función de protección y de prevención. A mi juicio, la función protectora que con primacía debe cumplir el Derecho Penal se refiere al amparo de bienes jurídicos del ciudadano y de la comunidad. En definitiva, el Derecho Penal cumple una

Es un tema importante y de gran complejidad. En esencia, en cuanto al contenido se manejan tres teorías: la norma penal como regla de determinación, la norma penal como regla de valoración, la norma penal como regla de valoración y determinación. La norma como regla de determinación Para los que defienden la norma como regla

En primer lugar hay que señalar que la doctrina se plantea el estudio de la ley penal en sentido formal, ley como objetivación de la actividad jurídica del Estado y en sentido material, como contenido de esas objetivaciones. Nosotros siguiendo el manual vamos a aludir a la estructura de la ley desde su perspectiva externa

Se utiliza de forma indiscriminada el término ley, norma, disposición e incluso precepto, pero paradójicamente el CP no alude al término norma (se emplea el vocablo ley, disposición, precepto, pero no encontramos el término norma penal. Como diez SAIZ CANTERO, algunos penalistas identifican los términos ley penal y norma penal, otros suelen diferenciarlos. Estos distintos

Son de cierto relieve las relaciones entre el derecho civil y el penal. El primero conserva todavía vestigios de derecho común. El título preliminar del CC ha actuado a veces con una función cuasi constitucional de ahí que algunos preceptos del mismo, como el artículo 4 y 8, aludan a las leyes penales. No se

Al igual que sucedía antes, son intensas las relaciones entre Derecho Penal y Derecho Internacional. Piénsese en cuestiones como la validez de la ley penal en el espacio, qué ley aplicar cuando un extranjero comete delitos en territorio nacional o cuando un nacional lo hace en el extranjero, o cuando un nacional que lo hace

La vinculación entre ambos sectores es destacable e importante. Se configura por un conjunto de reglas jurídicas que afectan a la esencia del Estado y es la manifestación más característica de la potestad soberana. El sistema penal no puede prescindir de las normas y de los principios constitucionales. Las relaciones DP, D constitucional se pueden

Es francamente complejo el concretar los límites y las barreras entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo. En este sentido colabora a dificultar más todavía la cuestión la facultad que tiene la Administración de establecer prohibiciones e imponer sanciones a quienes las incumplen. La Administración goza de potestad sancionatoria y además de potestad ejecutiva

El derecho penal militar está desarrollado por la LO 13/1985 de 9 de diciembre de Código Penal Militar. Se discute sobre la razón y el alcance y justificación de la justicia militar como opción diferenciada y autónoma de la jurisdicción general. En cualquier caso, y sin entrar en la polémica, la mejor alternativa a mi

Se dirige a una clase concreta de autores y se encuentra regulado en la LO 5/2000 de 12 de enero Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su Reglamento, RD 1774/2004 de 30 de julio por el que se aprueba el reglamento de dicha ley, que es aplicable a las personas menores de

El Derecho penal está integrado por las normas vinculadas a la introducción, cumplimiento y seguimiento de las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. En este ámbito destaca Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre General Penitenciaria y su Reglamento regulado por RD 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento

En relación con la naturaleza del DP se han planteado posiciones encontradas en relación con su autonomía o accesoriedad, pudiendo resumirse las diversas posturas de la siguiente forma: – Los que afirman la naturaleza secundaria o subsidiaria del DP bien porque el supuesto de hecho de la ley penal presupone un precepto que está fuera

Es frecuente estructurar los diversos sectores que conforme al ordenamiento jurídico en múltiples clasificaciones. Una muy conocida es la que distingue Derecho Público y Derecho Privado, diferenciación que si bien está consolidada, no se puede decir que esté unánimemente aceptada. En cualquier caso, lo que no parece discutible es el carácter inequívocamente público del DP,

Es uno de los más complejos del DP. El hecho delictivo produce generalmente dos efectos: ofensa y daño. Ofensa.- tratándose de una agresión a bienes jurídicamente protegidos, determina en la mayoría de los casos, una pena o una medida de seguridad como consecuencia jurídica. Daño.- suponiendo un menoscabo de intereses privados, provoca en la mayoría

¿Cuál es el papel del derecho penal? Es un sistema para proteger los bienes jurídicos y asegurar el orden social y la seguridad de las personas. Originariamente se ofertaron nociones puramente descriptivas como la de Holtzendorff que estimaba de una manera muy simple el D. Penal como conjunto de normas que regula el Dº Positivo.

Bien jurídico protegido: dignidad humana: derecho de todo inmigrante a alcanzar la plena integridad social, derechos sociales y políticos de los inmigrantes. Tipo básico: Conducta típica: se castiga al que directa o indirectamente promueva favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas con traslado desde o a España. Sin embargo no

Bien jurídico protegido: seguridad en el trabajo (ausencia de riesgos para la vida y salud del trabajador dimanentes de las condiciones materiales de prestación del trabajo). Sujeto activo: los que estén legalmente obligados a facilitar los medios necesarios (delito especial). Conducta típica: omisión (para muchos es comisión por omisión u omisión impropia), el empresario tiene

Tipo objetivo: producir una grave discriminación (diferencia de trato entre dos sujetos no conforme a derecho) en el empleo público o privado. Se requiere que el sujeto activo no restablezca la situación de igualdad ante la ley tras el requerimiento o sanción administrativa (condición de punibilidad). Sujeto activo: cualquiera (suele ser un funcionario). Sujeto pasivo:

Apartado 1: promover o favorecer la inmigración clandestina (al margen de la normativa). Quedan fuera del tipo las migraciones internas. Accion típica: promover o favorecer por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores. Sujeto: Activo: delito común; pasivo: trabajadores extranjeros (en plural). Tipo subjetivo: dolo. Consumación: llegada de inmigrantes a España, cabe la tentativa (el

Apartado 1º: delito de tráfico en sentido estricto. Sujeto activo: delito común. Sujeto pasivo: trabajadores nacionales o extranjeros. Acción típica: colocarse al margen de los mecanismos legales como la cesión ilegal de mano de obra. La colocación irregular solo entrará en el tipo cuando se ponga en peligro el derecho de acceso al trabajo de

Condiciones laborales o de Seguridad Social de los trabajadores que tengan reconocidos por disposición legal, convenio colectivo o contrato individual. No se respeta el principio de intervención mínima ya que debería regirse sólo a derechos esenciales. Apartado 1: Imposición de condiciones Objeto material: Condiciones laborales: las que constituyan el contenido del convenio de trabajo. Condiciones

El derecho penal del trabajo se establece como materia unificada en el CC (siglo XX). El Título 15 verdaderamente es un genuino delito económico porque la opinión mayoritaria es que con estos tipos no se está protegiendo los derechos individuales de los trabajadores sino el contenido básico de la relación social entre trabajador y empresario.

El blanqueo de capitales consiste en la ocultación bienes de origen delictivo con el fin de dotarlos de una apariencia de legitimidad. Bien jurídico protegido: debe interpretarse desde la afectación del orden económico exclusivamente. Bien jurídico: licitud de los bienes que circulan en el mercado. Bien jurídico mediato: funcionamiento del sistema de libre mercado. Objeto material

El delito de administración desleal o fraudulenta surgió ante la imposibilidad de aplicar el delito de apropiación indebida en muchos supuestos, en especial en el ámbito bancario. Bien jurídico: Patrimonio de los sujetos pasivos (patrimonios individuales), no es bien jurídico colectivo. Sujeto pasivo Socios, depositantes, titulares de bienes valores o capital que la sociedad administra

Este precepto plantea problemas porque ya existe una normativa administrativa sancionadora que regula conductas de obstaculización prácticamente coincidentes con el artículo 294 del Código penal. Las puntualizaciones hechas al 293 son validas aquí, si bien el 294 tiene la particularidad de ir dirigido a un bien jurídico supraindividual del orden económico. Bien jurídico: correcto funcionamiento

En la legislación extrapenal se incluye esta clase de comportamientos como un ilícito mercantil que además de la vía de impugnación de acuerdos sociales nulos o anulables permite la interposición de acciones de responsabilidad contra los administradores y que se revela eficaz hasta hoy. Los derechos de los socios más importantes son: voto (político) y

Anteriormente el 291 y 292 estaban regulados de forma conjunta pero son totalmente diferentes: aquí los autores no obtienen la mayoría de forma lícita sino de forma fraudulenta y esta conducta sí es merecedora de pena (a diferencia de la conducta del artículo 291). Bien jurídico: patrimonio de la sociedad o socios. Sujeto pasivo: socios

La doctrina mayoritaria proclama la falta de legitimidad de la intervención penal para sancionar conductas que puedan ser ya efizcamente combatibles por medio del Derecho privado. La ausencia de una auténtica necesidad de la intervención penal en este terreno obliga a llevar a cabo una interpretación restrictiva de todos los elementos del tipo del artículo

Bien jurídico: el artículo 290 dice que la veracidad e integridad de la información suministrada. Patrimonio de la sociedad, socios y terceros + funcionalidad del documento en relación jurídica. Es un delito pluriofensivo. Sujetos pasivos: sociedad, socios y terceros con relacion jurídica o económica con la sociedad. Objeto material: documentos que reflejen la situación jurídica

El artículo 296 dice que todos los delitos del capítulo XVIII solo serán perseguidos mediante la denuncia de la persona agraviada o de su representante. Si la persona es menor, podrá denunciar también el Ministerio Fiscal. Son delitos semipúblicos por exigir exclusivamente denuncia y no querella y por referirse a Ministerio fiscal. Caso: se niega

El artículo 297 incluye a las cooperativas, cajas de ahorro, mutuas, entidades financieras o de crédito, fundaciones y sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son las reguladas en la legislación mercantil sin que pueda extender a las sociedades atípicas (no previstas en el OJ). Sin embargo hay que incluir a las sociedades ocultas en las que

Requisito de impugnación de un hecho: sujeto activo idóneo, resultado imputable objetivamente, que se de dolo y que el hecho sea personal y directamente atribuible como obra suya. Esta consideración es importante puesto que en sociedades mercantiles son frecuentes las atribuciones y funciones colegiadas y a efectos penales es necesario saber si han de responder

En los delitos de los artículos 290, 293, 294 y 295 se alude a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación para designar al sujeto activo. En los delitos de los artículos 291 y 292 no se incluye esta restricción de sujeto activo. 1. Administrador de derecho: órganos

El artículo 289 Código penal dice que el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. Bien jurídico: naturaleza colectiva: protección de la dimensión social de la propiedad por

Quien de forma directa o x persona interpuesta use alguna información relevante para la cotizacion de cualquier tipo de valores o instituciones negociales en algun mercado organizado, oficial o reconocido a la q haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o la suministre obteniendo un beneficio mayor a 600.000 euros

Incurrirán en un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas y alteración de precios naturales los que difundiendo noticias falsas empleando violencia, amenaza o engaño o utilizando información privilegiada intenten alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos o valores, servicios o cualquier otra cosa

Incurrirá en un delito de abuso o manipulación de aparatos electrónicos el que sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales facilite el acceso a un servicio de codificación sonora o televisiva mediante: 1. Fabricación, importacion, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, venta, alquiler, etc. 2. Instalación, mantenimiento, sustitución de equipo informático.

Incurrirán en un delito de facturación falsa los que en perjuicio del consumidor realicen facturas de cantidades superiores por productos o sus precios se midan por aparatos automáticos mediante la alteración y manipulación de estos. Se trata de un figura sui generis. Bien jurídico: intereses económicos de los consumidores y usuarios: bien colectivo o difuso.

Los fabricantes y comerciantes que en su publicidad hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas que pueden perjudicar gravemente a los consumidores sin perjuicio de pena por otros delitos. Tiene su fundamento en el artículo 20 Constitución española: derecho a la información y regimen civil paralelo (Ley Cons y Us y Publ). Bien jurídico protegido:

El desabastecimiento de materias primas es un delito que ataca a los derechos de los consumidores y tiene su fundamento en el artículo 51 (organización mercantil). Bien jurídico protegido: Intereses de los consumidores. Tipo básico: Sustraer del mercado materias primas o productos de primera necesidad para desabastecer un sector, forzar una alteración de precios o

El que difunda, revele o ceda un secreto llevado a cabo por quien tuviera obligación de guardar reserva. Se trata del deber de sigilo que se tiene legal o contractualmente colmando una laguna del derecho. A diferencia del artículo 278.2 del Código Penal el acceso a la información es lícito (se infringe el deber de

El delito de espionaje empresarial se aplica a quien para descubrir un secreto de una empresa se apodere de documentos escritos, informáticos u otro medio del artículo 197 del Código Penal. Objeto material: secreto: conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y se oculte a otras. Para ser protegido penalmente tiene que tener valor

Actualmente vivimos en la sociedad de la información (se considera un tema mas privado que social). Antes de 1995, se regulaban en los delitos que afectan a la intimidad. En el Código penal de 1995, cambian su ubicación para tratar de proteger la información en cuanto a valor patrimonial que puede tener más valor que

Los delitos contra el mercado y los consumidores son delitos que afectan a los consumidores (artículos 281-283), competencia (artículos 284-286) y al secreto profesional (artículos 278-280). No es necesaria la lesión particular de ningún consumidor para la existencia del delito. Los autores precisan que el secreto debería regularse en la propiedad industrial. En los delitos

El artículo 275 del Código penal dice que a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidos para distinguir los productos amparados por ellas con conocimiento de esta protección. Son tres los intereses a proteger:

Los comportamientos del artículo 274 del Código penal recaen sobre el mismo objeto material, es decir, un derecho de propiedad industrial: el signo distintivo. En varios aspectos habría de reproducirse lo dicho en el artículo 273 Cp: se requiere que el derecho de propiedad industrial esté registrado, la acción típica ha de ser ejecutada sin

En el artículo 273 del Código penal el legislador ha tipificado distintas conductas que recaen sobre patentes, modelos de utilidad, dibujos industriales o artísticos o topografías de productos semiconductores. Estos bienes jurídicos habrán de unirse al general del derecho de exclusividad. El artículo 273.1 CP establece que será castigado con la pena de prisión de

Pese a la indudable dimensión socioeconómica que poseen los delitos contra la propiedad industrial, encontramos en ellos que el objeto jurídico inmediatamente tutelado es de naturaleza individual. Ese bien jurídico individual se fundamenta en la idea del monopolio legal o derecho de exclusividad que constituye el contenido jurídico de todas las modalidades de delitos contra

Ahora tratamos la responsabilidad de atribuir responsabilidad a la empresa y no a las personas jurídicas que actúan en su seno. Las razones que se dan al respecto son: 1. Dificultades de la persecución y castigo de las personas físicas que obran en el ámbito de la criminalidad empresarial. 2. Reducido efecto preventivo que tienen

Ahora nos centramos en que las cualidades o condiciones específicas exigidas en el tipo para ser sujeto activo concurran en la empresa y no en los órganos que la integran. Por tanto, importa en este ámbito la cuestión de la responsabilidad del representante: es decir, las actuaciones que lleva a cabo un sujeto como representante

La escisión entre el sujeto que planea y el que ejecuta hace necesario que se creen unas estructuras de imputación personal que hagan atribuible el hecho delictivo a los verdaderos responsables. Debemos distinguir: 1. La responsabilidad del ejecutor material o inmediato del hecho No es la cuestión más importante ni la más enrevesada y más

La mayor parte de los delitos socioeconómicos se ejecutan a través de una empresa, es decir, son delitos de empresa. Estos delitos vulneran bienes jurídicos por medio de una actuación que se lleve a cabo para la empresa y es aquí donde comienza los problemas de imputación penal derivados de la criminalidad organizada horizontalmente (división

Error vencible: El sujeto no actúa sin culpabilidad, puesto que podía haber conocido la prohibición pero puede ser atenuada su culpabilidad (pena inferior en uno o dos grados). Error invencible: excluye la culpabilidad. Esta es la teoría a la que se ha acogido la doctrina mayoritaria dado que al ser la imprudencia una técnica residual

Teoria del dolo (el dolo ha de ser actual, teoría estricta del dolo). Sitúa el dolo en la culpabilidad, así que un error de prohibición elimina el dolo (el conocimiento de la antijuricidad es necesario). Aquí, el error de prohibición se equipara al error de tipo: Vencible: existe la responsabilidad a título de imprudencia si

En materia de error se pone de manifiesto la especialidad de las normas del Derecho penal económico. De ahí la necesidad de reformar las tesis y conclusiones que se han ido aplicando al Derecho penal nuclear. Esta especificad se puede concretar en tres puntos: 1. Es necesaria la distinción entre error de tipo o de

Dolo de peligro: cuando el dolo se proyecta sobre los delitos de peligro. Hay quien lo llama dolo eventual de lesión cosa que sólo se respalda desde una posición volitiva y no cognitiva como nosotros queremos. Dolo de lesión: Imprudencia consciente referida a la lesión (se identifican el dolo de lesión y la imprudencia). Dolo

La forma de ejecución dominante en los delitos socioeconómicos será la dolosa (salvo excepciones) siendo necesario analizar en el caso concreto si el dolo es directo o eventual. En la mayoría de los casos nos encontraremos en los tipos penales expresiones denotativas de dolo directo. Por lo que el dolo eventual va a tener un

En el ámbito de los delitos socioeconómicos la regla general es que los tipos son ejecutables a título de dolo siendo excepcional la comisión imprudente para aquellas conductas que comportan ataques verdaderamente intolerables para bienes jurídicos fundamentales. Este carácter marginal de la punición de las imprudencias se hace patente en la legislación española dado que

La inclusión de limites cuantitativos en determinadas figuras de delito que sirven fundamentalmente para contribuir a deslindar el injusto penal del meramente administrativo ha sido una técnica tipificación muy controvertida (medida anticuada para algunos). Suele ser aplicado en delitos a la Hacienda Pública, fraude tributario y Seguridad Social. Lo verdaderamente debatido en la doctrina es

En el ámbito de los delitos socioeconómicos se dan unas peculiaridades propias que hacen imposible el traslado de las construcciones elaboradas para los tipos penales clásicos en lo que se refiere a los criterios de imputación objetiva. No obstante, tampoco se puede fijar con carácter general unas reglas de imputación objetivas válidas para la amplia

En las cláusulas de autorización el legislador normalmente exige que no concurra un acto administrativo de autorización. Existe un problema de posible inconstitucionalidad ya que la tipicidad penal va a depender en última instancia de la autoridad administrativa con la consiguiente situación de desigualdad e inseguridad jurídica. Fuente:Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.

De una tesis negadora de la retroactividad, en la actualidad prevalece la tesis favorable a la aplicación retroactiva (en virtud del art 2.2 CP1995). No obstante y respaldándose en este artículo, se ha creado una tesis intermedia según la cual se procede a la retroactividad cuando la modificación de la normativa extrapenal obecedece a un

La diferencia con la ley penal en blanco es discutible. Hay quien dice que la ley penal en blanco es la presencia de una remisión en bloque en la normativa extrapenal y en los elementos normativos jurídicos se hace una remisión interpretativa a la normativa extrapenal para fijar el contenido de un elemento típico que

En sentido estricto, la ley penal en blanco son remisiones que la ley penal efectúa a una instancia inferior a la ley (reglamento, disposición particular o un acto administrativo de una autoridad): fundamento político-jurídico que plantea problemas con el principio de legalidad. En sentido amplio, la ley penal se remite a otra norma extrapenal que

La circulación y entrega vigilada de sustancias prohibidas es una medida de investigación consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir

El fundamento de la utilización de agentes encubiertos se encuentra en la lucha contra el crimen organizado, es decir, en el descubrimiento y sanción de delitos de enorme gravedad e impacto social cometidos por organizaciones criminales dotadas de material altamente sofisticado y personal especializado. – Estas organizaciones tienen como elemento esencial la clandestinidad: mantener oculta

El careo es una diligencia consistente en enfrentar cara a cara a los testigos o a los procesados entre sí o a aquéllos con éstos, en presencia del órgano jurisdiccional, cuando mantengan una versión distinta de los hechos y se pretendan aclarar las contradicciones (arts. 451 y ss LECrim). Reglas: – Utilización subsidiaria: no se

La declaración testifical es la diligencia de investigación consistente en el examen de una persona ajena al procedimiento para que preste una declaración de conocimiento; aunque materialmente no difiere de la prueba de testigos realizada en el juicio oral, sí que se diferencia en cuanto a su finalidad, valor y procedimiento: – Finalidad. Las declaraciones

El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios conocimientos científicos, artísticos o prácticos. La materia u objeto sobre los que se pide informe de los peritos durante la investigación puede ser enormemente variado; destacan los referidos al cuerpo del delito, como las