El art. 23.2 LOPJ consagra el principio de personalidad en los siguientes términos: “Asimismo, [la jurisdicción española] conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a
El art. 23.3 LOPJ dispone que “conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado. b) Contra el titular de
La aplicación de la ley penal se rige, en general, por el principio de territorialidad, que implica que los Jueces y Tribunales españoles son competentes para aplicar la ley penal española a todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional español con independencia de la nacionalidad de los autores del delito o de sus víctimas.
La aplicación de los principios expuestos obliga a hacer algunas consideraciones en torno a cómo se determina la ley penal más favorable para el reo. I) En primer lugar hay que tener en cuenta que, en algunos casos, para determinar qué ley penal es la que más favorece al reo debe tomarse en consideración la
El punto de partida para solucionar estos problemas viene dado por el principio tempus regis actum, esto es, por la regla general según la cual los hechos se enjuician con arreglo a la ley que estaba en vigor en el momento de su realización (lo que comporta la irretroactividad de las leyes penales). Así lo
Como se mencionó en la propia definición del principio de legalidad, la conducta delictiva y la pena correspondiente deben estar previstas en la ley antes de la realización del hecho (lex praevia). En otras palabras, una conducta solo puede ser considerada delito y resultar penada si está prevista como tal y con la correspondiente consecuencia
1. La prohibición de la analogía in malam partem no implica en absoluto prohibición de interpretación por parte del juez. 2. Lo que exige el principio de legalidad es que el juez efectúe la interpretación dentro del tenor literal del precepto penal, es decir, en el marco delimitado por el sentido literal posible del texto
El principio de legalidad conlleva como consecuencia para el juez la prohibición de castigar aquellas conductas que no estén estrictamente contenidas en la ley penal. Como consecuencia de ello, el juez penal no puede utilizar la analogía para considerar una conducta constitutiva de delito. La analogía consiste en aplicar una norma jurídica a un caso
La exigencia de lex certa no solo rige para la descripción de las conductas ilícitas sino que también alcanza a las consecuencias jurídicas del delito, es decir, a la determinación de las penas y las medidas de seguridad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que “la doble garantía impuesta por el art. 25.1 CE no se
La historia del Derecho Penal ha sido la historia de su progresiva humanización. El principio de humanidad de las penas tal vez sea el que en mayor medida caracteriza la evolución del contenido del sistema penal contemporáneo. El artículo 15 CE dice que nadie puede ser sometido a penas inhumanas y degradantes. Se pretende desterrar
a) La diferencia entre un delito y una infracción administrativa, y entre una pena y una sanción administrativa no es sustancial o cualitativa (ya que ambas constituyen distintas manifestaciones de un mismo poder sancionador del Estado), sino puramente cuantitativa en el sentido de que los ilícitos penales (los delitos) deben ser los más graves de
A) GARANTÍAS QUE PRESIDEN SU APLICACIÓN Para aplicar una medida de seguridad es imprescindible cumplir los requisitos establecidos en la Ley (arts. 6 y 95 CP). Por consiguiente, a) las medidas de seguridad deben ser aplicadas por un Juez o Tribunal (garantía jurisdiccional); b) el sujeto debe haber cometido un hecho previsto como delito (post-delictualidad);
Se puede afirmar que en la actualidad hay un profundo acercamiento entre las penas y las medidas de seguridad porque el fin es el mismo, su necesidad y utilidad de evitar el delito a través de la prevención (general y especial) y, además, las penas y las medidas de seguridad deben estar rodeadas de las
El Estado, para ejercer su poder controlador/sancionador, no solo dispone del mecanismo de la pena, sino que junto a ella utiliza otro instrumento: la medida de seguridad. La pena ha sido históricamente el instrumento tradicional de reacción frente al delito, y ello porque, a la luz de los postulados de la Escuela Clásica (teorías absolutas
I) CONSIDERACIONES PREVIAS La determinación de los límites a partir de los cuales debe comenzar la exigencia de la responsabilidad penal ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado a la ciencia del Derecho Penal. El sistema del discernimiento fue, en un principio, el criterio elegido para determinar la responsabilidad penal de los
La pena de prisión, en general, separa al condenado de la sociedad- esta es una de sus funciones “negativas”: la inocuizadora- y ello resulta contraproducente en orden a posibilitar el fin constitucional de reinserción social (art. 25.2 CE). Según los principios que lo inspiran, el proceso de resocialización pasa por unos grados de cumplimiento de
Fue bajo el positivismo criminológico italiano de finales del s. XIX cuando se utilizó por vez primera la terminología “sustitutivos penales”. La sugirió Ferri, uno de sus más reconocidos representantes, para designar una serie de medidas destinadas a servir de alternativa a las penas en general. No eran, sin embargo, medidas penales las que proponía
Novedades como la introducción del sistema de días-multa y de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El art. 32 CP establece la clasificación de las penas en base a su naturaleza, distinguiendo entre penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Son penas privativas de libertad la prisión, la localización
Inicialmente, el estudio de las sanciones penales recibió el nombre de penología como rama de la ciencia penal que se ocupaba del castigo del delincuente. Estudio y sistematización de las diversas sanciones penales, fundamentalmente de las penas, pero también de las medidas de seguridad y de las consecuencias accesorias, e incluso, en sentido amplio, de
Legitiman la pena en atención a sus consecuencias sociales: la obtención o la tendencia a obtener un determinado fin socialmente útil, ya se trate de prevenir-evitar delitos (teorías relativas y teorías de la unión), ya se trate de ratificar las normas violadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema social (teoría de la prevención general
En atención a los casos característicos de tipos que contienen elementos subjetivos del injusto, se deben mencionar los delitos de intención, los delitos de tenencia interna trascendente y los delitos de expresión. En los primeros, delitos de intención, el acontecimiento externo no aparece por sí solo como contrario a derecho si no se realiza para
La clasificación de los tipos se puede formular atendiendo a los diversos elementos que lo integran. Alguna de las clasificaciones ya han sido abordadas al estudiar particularmente los elementos del tipo por lo que en relación con ellas solo las mencionamos para posteriormente analizar las que hasta ahora no se han visto. En cuanto al
Con el estudio de los elementos genéricos y usuales del tipo y de los elementos subjetivos del mismo no se agotan las posibles peculiaridades del proceso de tipificación. Junto a tales elementos, a veces, se exige la concurrencia de ciertas excepcionales circunstancias descritas en las respectivas figuras legales que no pertenecen ni a la conducta
Es un problema que atañe al tipo de injusto porque está vinculado con la conducta típica. La experiencia y la complejidad del comportamiento humano ponen en evidencia que a veces la conclusión de causalidad no es tan sencilla a la hora de determinar la misma. No siempre es fácil determinar que a un resultado concurren
Para que una conducta en derecho penal sea relevante tiene que ser voluntaria. Si uno no puede controlar su comportamiento, el CP no podrá impedir nada. Implícitamente, este requisito se residencia en el art. 10 CP, cuando acota el objeto del DP a las acciones dolosas o imprudentes, es decir, las acciones voluntarias. Lo que
Hay que establecer una primera distinción entre sujeto activo y autor. Sujeto activo el concepto alude a la persona que realiza el hecho descrito en el tipo penal y no establece ningún juicio de valoración adicional. No describe la existencia de responsabilidad. Autor alude siempre a la responsabilidad por el hecho antijurídico realizado
En ese sentido hay que destacar que la formulación típica es esencialmente una descripción. Una descripción heterogénea, es decir, polivalente. La formulación típica es una descripción que se verifica a través de una proposición. Una proposición normativa que se descompone en términos. El sentido de los mismos se determina en virtud de una operación intelectual
El contenido de injusto de una infracción viene determinado por la medida en que viola el objeto de protección de la norma. Desde este punto de vista, la infracción puede consistir en una efectiva lesión de un bien jurídico o simplemente en su puesta en peligro. No todos los delitos son delitos de daño o
El tema del bien jurídico constituye pieza fundamental de la teoría jurídica del delito. Su planteamiento y relevancia se manifiesta sin duda en un entendimiento del derecho como tutelador y protector de bienes jurídicos. Por otra parte es claro que su fortalecimiento es propio de una concepción liberal del derecho penal inspirada en la clara
Para COBO–VIVES, generalmente se atribuyen al tipo dos funciones primordiales, función indiciaria y función de garantía, a ellas en ocasiones se suma una función procesal. Frente a esta perspectiva, el tipo cumple junto a la función fundamentadora del injusto una decisiva función delimitando el ámbito de lo penalmente relevante, así el tipo de injusto es
WELZEL, ha señalado que antijuridicidad e injusto, generalmente, se utilizan como sinónimos pero realmente son cosas diferentes, la antijuridicidad es una mera relación de contradicción entre una norma y un hecho o acontecimiento cualquiera. El injusto, por el contrario, es el objeto valorado, algo sustantivo, el hecho antijurídico en sí mismo considerado. No existe una
Hasta ahora, se ha venido manejando el término delito como sinónimo de infracción. Lo hemos utilizado tanto para referirnos a las infracciones penales más graves, delitos, como a las más leves, faltas. Obviamente, la infracción penal y el delito se pueden clasificar de tantos modos o formas como criterios seleccionemos para ello, uno de estos
El concepto de delito ha sido formulado en múltiples definiciones. Se pueden agrupar en doctrinales y legales. Dentro de las doctrinales también se pueden distinguir las sustanciales de las formales. Dentro de las sustanciales que son aquellas que tienden a captar sus características materiales hay que diferenciar las sociológicas de la filosóficas. Dentro de las
Según este principio, el Estado aplicará su propia ley penal a todos los delitos cometidos contra sus intereses, cualquiera que sea el lugar donde se hayan cometido y la nacionalidad de la persona que lo ejecuta. Su fórmula puede parecer egoísta puesto que concreta la protección estatal a determinados intereses vitales del Estado o de
Según el mismo, no se atiende al territorio si no a la nacionalidad del delincuente. De manera que se tendrá en cuenta la ley penal del país del sujeto activo del delito. En esta línea, el número 2 del art. 23 LOPJ establece … Asimismo, conocerá de los hechos previstos en las leyes penales españolas
En cuanto al lugar de comisión del delito, puede ser importante en hipótesis en las que se comete el delito en un país y se produce el resultado en otro diferente. Ante la ausencia de regulación expresa, la doctrina ha elaborado una serie de teorías: Teoría de la acción, esto es, donde se ha producido
Mediante este principio, la ley penal se aplica a todos los hechos delictivos cometidos dentro del espacio de soberanía estatal, sea cual fuere la nacionalidad del delincuente o los intereses que éste conculque. En esta línea, el número 1 del art. 23 LOPJ, afirma: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento
Existe concurso aparente de normas cuando un determinado supuesto de hecho es subsumible en varios preceptos, uno de los cuales desplazará a los restantes. – Concurso aparente de normas, según Castelló Nicas Como apunta CASTELLÓ NICAS, nos encontramos ante un concurso aparente de normas cuando estamos ante una situación jurídico-penalmente relevante en la que varias
En primer lugar la definimos con SAINZ CANTERO y BATAGLINI como la observancia uniforme constante y general de ciertas normas no escritas con la convicción de su obligatoriedad jurídica. Su valor en el ámbito penal ha sido siempre discutible aunque es mayoritaria y totalmente válida la afirmación que la excluye como fuente directa sin que
La ley es un acto de las Cortes Generales sometido a una serie de procedimientos constitucionalmente previstos. El número 2 del art. 66 establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado. Los art. 81 y ss. regulan los tipos de leyes existentes, el procedimientos legislativo, promulgación, sanción y en general la regulación
Las corrientes reformistas en materia penal también encontraron amplio en las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812 contiene entre otros logros la eliminación del tormento y los apremios, el principio de personalidad de la pena y la inviolabilidad del domicilio. Idea esencial fue la creación de un Código Criminal único. Dicho código no llegó
Este principio aparece muy cercano en su construcción al principio de culpabilidad. Señala que todas las relaciones humanas que el derecho penal regula se deben reglar sobre la base de una vinculación recíproca, de una responsabilidad social hacia el ciudadano que delinque. En resumen, de una comprensión humanitaria y solidaria sobre la persona del delincuente.
El principio de necesidad de pena se presenta como una exigencia adicional a la culpabilidad. La pena adecuada a la medida de culpabilidad, tendrá que ser además necesaria para responder a las exigencias de prevención general y especial. Generalmente no está contemplado en las constituciones europeas pero sí en declaraciones de intenciones como la Declaración
El principio de culpabilidad presenta consecuencias: no hay pena sin culpabilidad; esto es que la aplicación de la pena está condicionada a la existencia del dolo o imprudencia y que a la capacidad de comportarse de acuerdo a las normas punitivas y no habrá actuado de acuerdo con las normas punitivas. Esta consecuencia no supone
Indiscutiblemente, el bien jurídico es uno de los conceptos fundamentales del Derecho Penal. Su concepto y contenido están sometidos a constantes discrepancias que en la actualidad se pueden vincular al siguiente binomio: teorías constitucionalistas y orientaciones sociológicas. En relación con esta cuestión, hay que tener en cuenta, a mi juicio, que la declaración del art.
En ocasiones la norma penal no se presenta completa. Es cierto que algunas normas penales se emplean solo para determinar más concretamente el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica. Véase por ejemplo el artículo 252 del Código Penal o el 20.3. Con lo cual podemos decir como regla general es manifiesta la existencia de
Es un tema importante y de gran complejidad. En esencia, en cuanto al contenido se manejan tres teorías: la norma penal como regla de determinación, la norma penal como regla de valoración, la norma penal como regla de valoración y determinación. La norma como regla de determinación Para los que defienden la norma como regla
En primer lugar hay que señalar que la doctrina se plantea el estudio de la ley penal en sentido formal, ley como objetivación de la actividad jurídica del Estado y en sentido material, como contenido de esas objetivaciones. Nosotros siguiendo el manual vamos a aludir a la estructura de la ley desde su perspectiva externa
La vinculación entre ambos sectores es destacable e importante. Se configura por un conjunto de reglas jurídicas que afectan a la esencia del Estado y es la manifestación más característica de la potestad soberana. El sistema penal no puede prescindir de las normas y de los principios constitucionales. Las relaciones DP, D constitucional se pueden
En relación con la naturaleza del DP se han planteado posiciones encontradas en relación con su autonomía o accesoriedad, pudiendo resumirse las diversas posturas de la siguiente forma: – Los que afirman la naturaleza secundaria o subsidiaria del DP bien porque el supuesto de hecho de la ley penal presupone un precepto que está fuera
Vamos a ver en esta entrada los delitos contra la libertad sindical y el derecho a la huelga. – Delitos contra la libertad sindical y el Derecho a la huelga + Bien jurídico a proteger El bien jurídico a proteger es el Derecho fundamental de libertad sindical y el Derecho de huelga. + Sujeto activo
En la legislación extrapenal se incluye esta clase de comportamientos como un ilícito mercantil que además de la vía de impugnación de acuerdos sociales nulos o anulables permite la interposición de acciones de responsabilidad contra los administradores y que se revela eficaz hasta hoy. Los derechos de los socios más importantes son: voto (político) y
Anteriormente el 291 y 292 estaban regulados de forma conjunta pero son totalmente diferentes: aquí los autores no obtienen la mayoría de forma lícita sino de forma fraudulenta y esta conducta sí es merecedora de pena (a diferencia de la conducta del artículo 291). Bien jurídico: patrimonio de la sociedad o socios. Sujeto pasivo: socios
La doctrina mayoritaria proclama la falta de legitimidad de la intervención penal para sancionar conductas que puedan ser ya efizcamente combatibles por medio del Derecho privado. La ausencia de una auténtica necesidad de la intervención penal en este terreno obliga a llevar a cabo una interpretación restrictiva de todos los elementos del tipo del artículo
El artículo 296 dice que todos los delitos del capítulo XVIII solo serán perseguidos mediante la denuncia de la persona agraviada o de su representante. Si la persona es menor, podrá denunciar también el Ministerio Fiscal. Son delitos semipúblicos por exigir exclusivamente denuncia y no querella y por referirse a Ministerio fiscal. Caso: se niega
El artículo 289 Código penal dice que el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. Bien jurídico: naturaleza colectiva: protección de la dimensión social de la propiedad por
Incurrirán en un delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas y alteración de precios naturales los que difundiendo noticias falsas empleando violencia, amenaza o engaño o utilizando información privilegiada intenten alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos o valores, servicios o cualquier otra cosa
Los fabricantes y comerciantes que en su publicidad hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas que pueden perjudicar gravemente a los consumidores sin perjuicio de pena por otros delitos. Tiene su fundamento en el artículo 20 Constitución española: derecho a la información y regimen civil paralelo (Ley Cons y Us y Publ). Bien jurídico protegido:
El desabastecimiento de materias primas es un delito que ataca a los derechos de los consumidores y tiene su fundamento en el artículo 51 (organización mercantil). Bien jurídico protegido: Intereses de los consumidores. Tipo básico: Sustraer del mercado materias primas o productos de primera necesidad para desabastecer un sector, forzar una alteración de precios o
El que difunda, revele o ceda un secreto llevado a cabo por quien tuviera obligación de guardar reserva. Se trata del deber de sigilo que se tiene legal o contractualmente colmando una laguna del derecho. A diferencia del artículo 278.2 del Código Penal el acceso a la información es lícito (se infringe el deber de
El delito de espionaje empresarial se aplica a quien para descubrir un secreto de una empresa se apodere de documentos escritos, informáticos u otro medio del artículo 197 del Código Penal. Objeto material: secreto: conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y se oculte a otras. Para ser protegido penalmente tiene que tener valor
El artículo 275 del Código penal dice que a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidos para distinguir los productos amparados por ellas con conocimiento de esta protección. Son tres los intereses a proteger:
En el artículo 273 del Código penal el legislador ha tipificado distintas conductas que recaen sobre patentes, modelos de utilidad, dibujos industriales o artísticos o topografías de productos semiconductores. Estos bienes jurídicos habrán de unirse al general del derecho de exclusividad. El artículo 273.1 CP establece que será castigado con la pena de prisión de
En el ámbito de los delitos socioeconómicos la regla general es que los tipos son ejecutables a título de dolo siendo excepcional la comisión imprudente para aquellas conductas que comportan ataques verdaderamente intolerables para bienes jurídicos fundamentales. Este carácter marginal de la punición de las imprudencias se hace patente en la legislación española dado que
En sentido estricto, la ley penal en blanco son remisiones que la ley penal efectúa a una instancia inferior a la ley (reglamento, disposición particular o un acto administrativo de una autoridad): fundamento político-jurídico que plantea problemas con el principio de legalidad. En sentido amplio, la ley penal se remite a otra norma extrapenal que
Vamos a ver en esta entrada, encuadrable en el Derecho Procesal Penal, el interrogatorio del imputado o indagatoria. – Naturaleza del interrogatorio del imputado + Acto de investigación Diligencia de investigación por la cual el juez interroga al imputado para la averiguación de los hechos y la participación en ellos del procesado; así, se le
La declaración testifical es la diligencia de investigación consistente en el examen de una persona ajena al procedimiento para que preste una declaración de conocimiento; aunque materialmente no difiere de la prueba de testigos realizada en el juicio oral, sí que se diferencia en cuanto a su finalidad, valor y procedimiento: – Finalidad. Las declaraciones
El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios conocimientos científicos, artísticos o prácticos. La materia u objeto sobre los que se pide informe de los peritos durante la investigación puede ser enormemente variado; destacan los referidos al cuerpo del delito, como las
El reconocimiento en rueda es un medio para lograr la identificación de una persona a través de testigos que han presenciado los hechos; ante éste se sitúan varias personas de características físicas similares, con el fin de que el testigo señale a cual de ellas vio participando en el delito. Es una diligencia exclusivamente sumarial,
El cuerpo del delito hace referencia a cualquier rastro visible que pueda dejar un hecho delictivo: armas o instrumentos con los que se cometió, la persona que sufre sus consecuencias, las cosas objetos de delito (por ejemplo, las cosas robadas), etc. – ¿Qué entiende la doctrina por cuerpo del delito? La doctrina distingue: + Cuerpo
Cuando de la investigación resulten indicios de criminalidad contra una persona, se dictará auto ordenándole que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que correspondan; dicho auto decretará, asimismo, el embargo de bienes suficientes para el caso de que no se preste fianza, y fijará la cantidad. A la vez que el imputado interviene
Vamos a ver en esta entrada la responsabilidad civil subsidiaria. – ¿Cuándo estaremos ante responsabilidad civil subsidiaria? Son responsables civiles subsidiarios, por insolvencia del que lo sea criminalmente: 1.- Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria
Vamos a ver en esta entrada sobre quién recae la responsabilidad civil directa. – ¿Sobre quién recae la responsabilidad civil directa? La responsabilidad civil directa recae sobre: + El que resulte responsable penalmente, sea como autor o como cómplice. + Receptadores: los terceros que hubieran participado por título lucrativo de los efectos de un delito
El legislador denomina actor civil a la parte procesal que, siendo titular de la pretensión de reparación, únicamente ejercita la acción civil. No obstante, las normas que rigen su actuación procesal son aplicables tanto al Ministerio Fiscal como al perjudicado cuando también ejerciten la acción penal. – Adquisición de la condición de actor civil +
Los hechos delictivos suelen generar consecuencias en el patrimonio de la víctima que es privada de una cosa propia (como en el delito de robo), o que padece un daño o perjuicio (como en el delito de lesiones o de incendio). En tales casos, la ley acumula en el proceso penal un doble objeto, puesto
La responsabilidad patrimonial declarada en la sentencia penal puede comprender conceptos diferentes: la responsabilidad civil derivada de los hechos delictivos –consistente en la restitución, reparación del daño e indemnización de los perjuicios-; las costas procesales; y las multas que se impusieran –ya sean impuestas como pena o en concepto de corrección-. – Supuesto de inexistencia
Pena restrictiva de la libertad ambulatoria o de movimientos del penado: prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos (artículo 48 del Código Penal). Para la ejecución de esta pena habrá de ordenarse la conducción
La privación de libertad es la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento; consiste en el internamiento del condenado en un establecimiento penitenciario por todo el tiempo que dure la condena, sin perjuicio de que pueda gozar de libertad en la última parte de su condena y de ciertos beneficios. Regulación: Código Penal, Ley de
La potestad jurisdiccional, que se atribuye de forma exclusiva a juzgados y tribunales, no se agota en la fase declarativa, pues también comprende la ejecución de lo juzgado (artículo 117.3 de la Constitución): el uso de la fuerza estatal para hacer cumplir sus resoluciones. – Definición de ejecución penal Así, la ejecución penal puede definirse
La comunicación de la imputación no tendría sentido si después el sujeto no puede defenderse activamente. Por eso, el principal efecto de la comunicación de la imputación es posibilitar el ejercicio del derecho de defensa. Por tanto, el derecho de defensa exige un presupuesto básico: el conocimiento de la imputación y la audiencia del imputado,
La polémica apareció en el Proyecto de 1980 que ya incluía un título bajo la rúbrica “delitos contra el orden socioeconómico” cuando un sector doctrinal criticó dicho titulo sobre la base de concebir el orden socio económico como bien jurídico protegido. No obstante, en la exposición de motivos se hablaba de un objeto de protección
La distinción entre bien jurídico mediato e inmediato viene motivada por la intención de elaborar en un mismo tipo la protección de varios bienes. Es en los delitos socioeconómicos donde se hace mas necesaria dicha distinción dado que en la inmensa mayoría de las figuras delictivas se descubren ambos tipos de bienes. Bien jurídico inmediato
Para realizar esta clasificación partimos del criterio del bien jurídico tutelado. Aclarar que es imposible fijar con claridad el contorno de la categoría de delitos económicos en sentido amplio, cosa que no ocurre para los delitos económicos en sentido estricto. Delitos económicos en sentido estricto: Poseen un interés jurídico inmediata o mediatamente protegido un bien
El proyecto alemán influyó claramente en la confección de sucesivos proyectos legislativos de nuevo Código Penal elaboradas en España a raíz de la reimplantación del régimen democrático. Esta influencia se materializó en la previsión de un título de delitos relativos al orden económico en todos los textos publicados. El Código Penal español anterior al de
Derecho penal económico, derecho penal socio-económico, derecho penal de la economía… es una calificación fijada sobre la peculiar naturaleza del objeto que se pretende tutelar por lo que no estamos ante un derecho penal sustancialmente diferente ya que se rige por los mismos principios jurídico penales y se encauza por las mismas instituciones dogmáticas que
Los delitos contra la libertad sexual son perseguibles previa denuncia de parte, salvo los que afecten a menores e incapaces. No obstante, una vez interpuesta la denuncia, el perdón del ofendido o de su representante legal no extingue la acción penal (artículo 191 del Código Penal). – Medida de libertad vigilada a los condenados por
Los delitos de exhibicionismo y provocación sexual son los delitos sexuales menos graves, hasta el punto de que un nutrido sector de la doctrina los considera “caducos” y propugna su desaparición. Se trata de comportamientos mediante los cuales se pretende despertar el apetito sexual ajeno, sin que en ningún caso den lugar a contacto sexual
El bien jurídico afectado en el acoso sexual va a ser la libertad de decidir en el proceso de formación de la voluntad en el ámbito sexual, aunque la exigencia de que la situación sea objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o “humillante” también pone en conexión este delito con la integridad moral o dignidad. –
El bien jurídico afectado en los delitos de abuso sexual es la libertad sexual de la víctima, al igual que en las agresiones sexuales. En estos supuestos, dado que no se emplea violencia o intimidación, no suelen verse afectados otros bienes jurídicos. – Sujetos activo y pasivo en los abusos sexuales Pueden realizarse las mismas consideraciones
El bien jurídico afectado en los delitos de agresión sexual es la libertad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado, activa o pasivamente, en conductas de contenido sexual no consentidas. Dado que en las agresiones sexuales se emplea violencia o intimidación, pueden verse afectados otros bienes jurídicos personalísimos de la víctima. – Sujetos activo
La trata de seres humanos consiste básicamente en comerciar con personas como si se tratara de mercancías, ya sea para explotarlas laboral, sexualmente o comerciar con sus órganos. – Bien jurídico afectado en la trata de seres humanos La trata afecta fundamentalmente a la dignidad y libertad del sujeto pasivo (los ataques a sus derechos
El bien jurídico afectado en los delitos de torturas y contra la integridad moral es la integridad moral, entendida como el derecho a no padecer sufrimientos físicos o psíquicos que conlleven humillación, envilecimiento, cosificación o instrumentalización. – En función de la gravedad del ataque al bien jurídico pueden distinguirse tres tipos de comportamientos: tortura, trato
En el delito de coacciones el bien jurídico es la libertad de ejecutar las decisiones previamente adoptadas. – Conducta típica en el delito de coacciones Sin estar legítimamente autorizado, impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o compelerle a efectuar lo que no quiere. Los delitos de coacciones constituyen un
El bien jurídico a proteger en el caso de un delito de lesiones al feto es la salud e integridad corporal del futuro nacido, frente a agresiones que sufre cuando todavía depende del seno materno. – Límite entre los delitos de lesiones al feto y a la persona El límite entre los delitos de lesiones al
La participación en riña tumultuaria es un delito que requiere varios sujetos activos y pasivos, que simultáneamente son agresores y agredidos, en el marco de una riña mutuamente aceptada, o de una pelea recíprocamente consentida. Cada uno de los partícipes es actor provocador del enfrentamiento, de forma que no cabe apelar a la legítima defensa.
Se castigan en este precepto, en el maltrato singular, determinadas conductas que, de lo contrario, sólo serían sancionadas como faltas de lesiones. ‐ Bien jurídico a proteger en el maltrato singular Además de la salud, integridad física y psíquica de la víctima, se protege en este caso la pacífica convivencia doméstica, la dignidad de la
El Código Penal entiende por lesión el «Menoscabo de la integridad corporal o salud física o mental». Debe requerir al menos una primera asistencia facultativa. En función del daño causado a la víctima, las lesiones podrán ser constitutivas de delito o de falta – Lesiones constitutivas de delito Cuando las lesiones requieran objetivamente para su sanidad,
La eutanasia constituye un supuesto especial atenuado dentro de los calificados como de auxilio ejecutivo al suicidio, que está previsto en el artículo 143.4 del Código Penal. – La eutanasia, un supuesto especial atenuado de auxilio ejecutivo al suicidio En estos casos la atenuación de la pena se justifica al mismo tiempo en el hecho
En nuestro ordenamiento el suicidio es una conducta impune con respecto al que lo realiza, y ello por razones obvias. Pero esto no significa que la propia vida sea un bien jurídico disponible. Hoy por hoy, la vida es objeto de protección en nuestro sistema jurídico aún en contra de la voluntad de su titular,
El asesinato es un homicidio doloso especialmente agravado, que se castiga con prisión de 15 a 20 años por la concurrencia de alguna de las tres circunstancias que se recogen en el artículo 139 del Código Penal: alevosía; precio, recompensa o promesa y/o ensañamiento. – Alevosía La alevosía viene definida a su vez dentro del
El homicidio doloso exige, lógicamente, probar que el sujeto activo actuó con dolo, esto es, conocimiento y voluntad de realizar todos los elementos objetivos del tipo (matar a otro). El dolo puede ser eventual: basta con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como consecuencia de su conducta y a pesar de
El homicidio doloso es un delito común: sujetos activo y pasivo pueden serlo cualquier persona. No obstante, en algunos supuestos se aplican otros tipos (delitos especiales impropios) por la concurrencia de determinados factores, como ahora veremos. – Especiales características del sujeto pasivo Rey, ascendientes o descendientes, consorte, Regente o miembro de la Regencia, o Príncipe heredero
Una vez que la sentencia es firme, es decir, que no puede ser recurrida por ninguna de las partes, se abre la última fase del proceso penal, o fase de ejecución. – La ejecución: cumplimiento de las penas decretadas por el juez Mediante la ejecución se garantiza el cumplimiento efectivo de las penas decretadas por
Con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad del juzgador, la ley establece la absoluta separación entre los órganos encargados de la instrucción y del enjuiciamiento. Así, la fase de instrucción se desarrolla ante el juez de instrucción, mientras que el juicio oral está presidido por un tribunal colegiado, la Audiencia Provincial. Como consecuencia
La fase de instrucción del proceso penal, también llamada de investigación, es aquella en la que el juez de instrucción realiza todas aquellas actuaciones destinadas a averiguar el hecho delictivo y las circunstancias que lo hayan rodeado. Su finalidad no es otra que preparar el juicio oral. – Primeras investigaciones: ¿existe delito?, en su caso,
Toda persona procesada o imputada, en la que no concurran las circunstancias determinantes de la prisión provisional, deberá ser puesta en libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como procesada o imputada, está pendiente de la resolución de un proceso penal, la ley establece determinadas garantías para impedir que pueda eludir la acción de la
La detención preventiva consiste en la privación de libertad de una persona que aparece como supuesto autor, cómplice o encubridor de un delito. – Garantías para con la detención preventiva que debe respetar el juez Para aplicar esta medida cautelar, el juez debe respetar una serie de garantías establecidas por la ley en favor del
El proceso penal se inicia cuando el juez tiene conocimiento de la llamada notitia crimini, o noticia del delito. El conocimiento de un posible hecho delictivo se produce de tres maneras: de oficio, mediante actuación particular o por actuación del Ministerio fiscal. – Inicio del proceso de oficio, por actuación particular o por actuación del
En el procedimiento penal existen dos partes: la parte acusadora y el acusado. Tienen la consideración de parte procesal la persona, o personas, que solicitan de un órgano judicial la imposición de una pena y la persona, o personas, frente a quien ejercitan dichas pretensiones. A su vez, la parte acusadora puede estar integrada por
La institución del habeas corpus, originaria del derecho constitucional británico, constituye una de las máximas garantías para la libertad de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. – Finalidad del habeas corpus Su finalidad consiste en impedir de forma rápida y eficaz que una persona pueda ser detenida por la autoridad sin
Una de las principales características del Derecho procesal penal es que se articula en torno al Derecho de defensa del imputado, que implica que toda persona acusada de un hecho delictivo tiene derecho a defenderse en el transcurso del proceso penal al que será sometida. – El Derecho a la defensa, reconocido en la Constitución
En un Estado de derecho, el ius puniendi, o derecho de castigar, corresponde de forma exclusiva al Estado, que puede hacer uso de él para reprimir las actividades delictivas que pongan en peligro la paz social. Pero el ejercicio de esta potestad debe hacerse con arreglo al principio de legalidad, según el cual no puede
Dentro del concurso de delitos, en Derecho penal, vamos a poder diferenciar entre el concurso real de delitos y el concurso ideal de delitos, como ahora veremos. – Concurso real de delitos Estamos ante un concurso real cuando el sujeto ha realizado varios comportamientos que han dado lugar a varios delitos (por ejemplo A
Ninguna de estas tres formas delictivas constituyen, en realidad, casos de pluralidad de infracciones a los que deban aplicarse reglas específicas en la determinación de la pena. – Delito permanente La peculiaridad del delito permanente radica precisamente en la permanencia del ataque al bien jurídico que supone, de modo que se sigue consumando desde que
Nuestro Código Penal castiga tres formas de participación en el delito: la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad. La inducción y la cooperación necesaria son descritas en el artículo 28.2 del Código Penal, que las equipara a efectos de pena a la autoría; por su parte, la complicidad viene definida en el art. 29
El artículo 28.1 del Código Penal dispone que son autores «quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento»; por su parte, el artículo 28.2 del Código Penal establece que también serán considerados autores «los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo» y
La comisión de un delito puede ser llevada a cabo por un solo sujeto (por ejemplo A mata a B), o bien con la intervención de varios (por ejemplo A mata a B por encargo de C, o con la ayuda de D, o con la pistola que le proporcionó E, etc.). La teoría de
Los actos preparatorios son comportamientos anteriores al comienzo de la ejecución material del delito que se caracterizan por ser actuaciones externas, percibidas sensorialmente por terceros y objetivamente peligrosas, que están dirigidas intencionalmente a la posterior ejecución y consumación de determinados delitos. Nuestro Código Penal recoge un sistema de numerus clausus en relación con los actos
Iter criminis es una expresión latina que significa «camino del delito», y se utiliza en Derecho penal para referirse al proceso de desarrollo del delito, es decir, las diferentes fases por las que pasa, desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se consuma. – Iter criminis: fase interna
Por regla general, puede afirmarse que estamos ante un delito cuando se constata la existencia de un comportamiento típico, antijurídico y culpable. No obstante, en algunos casos excepcionales, y por razones de oportunidad o de política criminal, aún es preciso comprobar la concurrencia o ausencia de algún factor adicional para afirmar que dicho comportamiento es
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Penal, la circunstancia mixta de parentesco puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, cuando el sujeto pasivo del delito es: . Cónyuge o ex-cónyuge del delincuente, o persona que esté o haya estado ligado a
– Eximentes incompletas El artículo 21.1 del Código Penal establece efectos atenuatorios (art. 68 del Código Penal: pena inferior en uno o dos grados) para las causas de justificación y exculpación previstas en el artículo anterior cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad. – Atenuantes ordinarias Se recogen en los apartados
Las leyes penales suelen eximir o atenuar la culpabilidad del sujeto en algunos supuestos en que al sujeto, que cometió el hecho típico y antijurídico con conciencia de su carácter antijurídico, no se le podía exigir que actuara de otro modo. En estos casos, el autor ha recibido la motivación de la norma, pero en
La conciencia o conocimiento de la antijuricidad del hecho (o de su significación antijurídica, de su ilicitud, etc.) constituye como se vio uno de los requisitos necesarios para poder atribuir y reprochar al autor la realización de la conducta típica y antijurídica. – Los supuestos de error de prohibición (regulados en el artículo 14.3
Se excluye la posibilidad de apreciar como causas de inimputabilidad tanto el trastorno mental transitorio como la intoxicación plena, si hubiesen sido provocados por el sujeto con el propósito de cometer el delito, o dicho sujeto hubiera previsto o debido prever su comisión. En estos casos se habla de una actio libera in causa (ALIC),
De acuerdo con el artículo 19 del Código Penal, los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. No obstante, los menores de dicha edad pueden ser procesados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LRRPM),
El primer párrafo del artículo 20.2 del Código Penal establece que está exento de responsabilidad penal (por inimputabilidad) quien tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. La intoxicación plena que puede dar
Las enfermedades mentales que impiden al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión constituyen una causa de exclusión de la imputabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 20.1 del Código Penal. En la actualidad, las clasificaciones de trastornos mentales más extendidas son las CIE-10 (elaborada por la Organización Mundial
La imputabilidad consiste en la capacidad de un sujeto para ser normalmente motivado por la norma en el momento de realizar la acción. – Definición negativa de imputabilidad del Código Penal El Código Penal ofrece una definición en negativo de la imputabilidad, cuando establece las causas que la excluyen en el artículo 20: «Están exentos
En la actualidad se sigue mayoritariamente el esquema finalista, si bien se entiende más adecuado con nuestro modelo de Estado atemperar en la culpabilidad la idea de reprochabilidad (anclada en una concepción retributiva de la pena) con la de motivabilidad (más acorde con la función preventivo-general que se le otorga a la norma penal). –
En el esquema clásico de la teoría del delito de Von Listz y Beling, la culpabilidad se concibe como un nexo psicológico entre el sujeto y el resultado provocado. Del contenido de los dos elementos psicológicos adjudicados a la culpabilidad (voluntad y conocimiento) surgen en esta concepción las dos formas de culpabilidad: el dolo y
La culpabilidad constituye, al mismo tiempo, un elemento de la teoría del delito (el inmediatamente posterior a la antijuricidad) y un principio limitador del ius puniendi, que deriva de la concepción de España como Estado Democrático de la consagración de la dignidad como fundamento de nuestro modelo constitucional (artículo 10 de la Constitución Española). La
El cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, oficio o cargo constituye una causa supra penal de justificación, en la medida en que para estimar o no su concurrencia hay que atender a lo dispuesto en otras ramas del ordenamiento jurídico (donde se regula el catálogo de derechos y deberes, así como lo
De acuerdo con el artículo 20.5 del Código Penal, actúa en estado de necesidad quien, para evitar un mal propio o ajeno, lesiona un bien jurídico de otra persona o infringe un deber, siempre que se den una serie de requisitos, que ahora veremos. – Requisitos del estado de necesidad en Derecho penal + Que
El fundamento de la legítima defensa radica en esencia en la necesidad de hacer prevalecer el Derecho sobre actos ilícitos (típicos y antijurídicos) que atentan contra bienes jurídicos individuales (vida, salud, bienes, morada, etc.), propios o de terceros. – La doctrina y jurisprudencia frente a la posibilidad de legítima defensa ante ataques contra bienes jurídicos
Las causas de justificación (o causas de exclusión de la antijuricidad) son normas permisivas que se componen, al igual que los tipos (que son normas imperativas), de elementos subjetivos y objetivos («valor de acción» y «valor de resultado»). Su concurrencia anula la prohibición o el mandato generales contenidos en el respectivo tipo, permitiendo en supuestos
– Previsibilidad objetiva del resultado; supuestos de atipicidad La ausencia de previsibilidad objetiva tiene mucha más importancia en el delito imprudente que en el doloso porque, además de que en este caso el sujeto no toma conscientemente una decisión contraria al bien jurídico, el carácter imprevisible del resultado excluyo a priori la posibilidad de configurar
Según la concepción mayoritaria, el concepto normativo de imprudencia está constituido por tres elementos fundamentales que permiten calificar a un comportamiento como imprudente: la previsibilidad objetiva del resultado y la infracción de la diligencia o cuidado debido conformarían el desvalor de acción, mientras que la lesión o puesta en peligro típica, si es obviamente imputable
La doctrina mayoritaria describe el tipo de injusto del delito imprudente (imprudencia) como la infracción de las normas de cuidado o de la diligencia debida (en otras formulaciones, el incumplimiento del deber de cuidado derivado de aquellas normas) que produce un resultado típico objetivamente imputable. – La infracción de la norma de cuidado en el
En el sistema capitalista la imprudencia (o culpa, pues son términos sinónimos) se concebía como una de las dos formas posibles de culpabilidad, mientras que la concepción finalista y las diversas escuelas que parten de sus presupuestos conciben la imprudencia como una modalidad típica de comportamiento: de ahí que se hable de tipo de injusto
A la hora de valorar la concurrencia de dolo, resultan indiferentes los móviles que lleven al sujeto a realizar la conducta típica (p. ej., en el tipo de injusto del homicidio doloso, basta con que el sujeto se haya decidido en contra de la vida de la víctima, siendo indiferente si ha tomado esa decisión
El error de tipo es en Derecho penal el desconocimiento de la concurrencia de algún elemento objetivo del tipo (p. ej., el sujeto que dispara a una persona creyendo que lo hace a un animal actúa con error de tipo sobre el elemento “matare a otro” del homicidio). En estos casos, existe una divergencia entre
El tipo subjetivo en los delitos dolosos está conformado por el dolo, entendido como conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito (dolus naturalis). Son por tanto dos los elementos que integran el dolo, el elemento intelectual o cognoscitivo y el elemento volitivo. – Elementos del dolo + Elemento intelectual
En el sistema causalista el dolo se concebía como una de las dos formas posibles de culpabilidad, el dolus malus, en el que se contendrían dos aspectos: a) el conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo (conocimiento de los hechos) y b) la conciencia de su significación antijurídica (conocimiento del derecho). –
Los supuestos de omisión pura vienen expresamente descritos en determinados tipos penales (como el artículo 195 del Código Penal) y sólo en esos casos se les puede otorgar relevancia penal (sistema de numerus clausus), siempre que se constate la presencia de los siguientes elementos: • Ausencia de una acción debida, que es esperada por el
La teoría de la imputación objetiva pretende establecer en el plano objetivo los criterios de determinación que permiten afirmar que un concreto resultado se le puede atribuir (imputar) jurídicamente a la conducta de un sujeto. – Teoría de la imputación objetiva: determinación de la imputabilidad objetiva del desvalor de resultado al comportamiento activo u omisivo
Desde el punto de vista de la causalidad, los delitos de resultado material pueden ser producidos por cursos causales simples (p. ej., A mata a B de un disparo en la cabeza) o por cursos causales complejos, en los que aparecen diversos factores involucrados en la producción del resultado. Estos últimos cursos causales son los
Los tipos pueden ser clasificados en delitos de mera actividad y delitos de resultado material. En estos últimos, el tipo requiere para su consumación la producción de un resultado material, separable espacio‐temporalmente de la acción, que ha de ser causado por ésta. Es en estos supuestos, por tanto, donde debe comprobarse la existencia de una
Ya hemos visto que, en función del grado de afectación al bien jurídico protegido, los delitos pueden clasificarse en delitos de lesión (la consumación del tipo requiere la destrucción o menoscabo del bien jurídico protegido) y delitos de peligro (la consumación del tipo sólo requiere la creación de un riesgo -proximidad de un daño, probabilidad
En la Introducción al Derecho Penal ya fue objeto de estudio dos de los principales límites al ius puniendi que hacen referencia al concepto de bien jurídico: el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, en cuya virtud la intervención punitiva del Estado sólo está legitimada cuando se usa para salvaguardar condiciones de vida esenciales
Una vez comprobado que el caso de la realidad es subsumible en el tipo de delito previsto en la norma penal (esto es, que la conducta realizada es típica), el siguiente paso a dar para dilucidar si se ha cometido un delito es la determinación de la antijuricidad, esto es, la constatación de que el
Existen multitud de clasificaciones de los diferentes delitos en función de sus elementos. Las más importantes las veremos a continuación. – Delitos en función de que el tipo requiera o no la producción de un resultado material, separable espacio-temporalmente de la conducta En función de que el tipo requiera o no la producción de un
Las conductas típicas que se hallan descritas en los tipos están compuestas de una serie de elementos que pueden aparecer de forma expresa en la redacción legal, o bien deducirse tácitamente de su contenido. Dichos elementos, a su vez, pueden clasificarse en elementos objetivos (externos, observables directamente) y elementos subjetivos (internos a la mente del
El consentimiento del titular del bien jurídico afectado por la conducta típica puede excluir la tipicidad del comportamiento de aquellos supuestos en que el bien jurídico sea disponible, por estar constituido por la propia libertad del sujeto o porque dicho bien jurídico sólo resulta tutelado si así lo quiere su titular. Así por ejemplo, la
Vamos a ver en esta entrada en qué consiste la tipicidad y la antijuricidad en Derecho penal. – Antijuricidad La antijuricidad es la contrariedad a Derecho, categoría de la teoría del delito que suele denominarse también «injusto penal» o simplemente «injusto». Los tipos penales describen un «tipo de injusto» o «injusto típico» (modelo), pues por
Vamos a ver en esta entrada las diferentes funciones de los tipos penales. – Tipicidad y legalidad Los tipos penales son traducción inmediata del principio nullum crimen sine praevia lege, y desde una perspectiva formal cumplen una función esencial de garantía, en la medida en que deben ser aprobados por ley orgánica. Asimismo, y desde
Cuando el Estado considera que una determinada conducta pone en riesgo o efectivamente lesiona valores o intereses, individuales o sociales, esenciales para la convivencia pacífica (esto es, bienes jurídicas), trata de evitarla describiendo dicha conducta en un precepto legal y amenazando (o motivando) con una pena a aquéllos que la cometan. A la descripción legal
No todas las acciones de un individuo son «conductas humanas» a efectos penales, pues para ello es necesario que sea «final» (en el sentido de estar dirigida por la voluntad del individuo), además de tener una trascendencia externa. Estos supuestos de ausencia de acción ha de valorarse con carácter previo al análisis de la tipicidad,
Desde la reforma penal de 2010, ya no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico-penal el principio societas deliquere non potest, lo que significa que actualmente una persona jurídica puede ser procesada y declarada penalmente responsable en determinados supuestos, previstos expresamente en el Código Penal. – Artículo 31 bis del Código Penal, sobre la responsabilidad penal
Todo delito requiere el comportamiento de un ser humano, por lo que el sujeto de la acción (u omisión) penalmente relevante, esto es, el sujeto activo del delito, sólo podrá serlo una persona o un grupo de personas individualizables; la víctima, esto es, el sujeto pasivo del delito (titular del bien jurídico afectado), podrá a
El concepto de acción ha experimentado una evolución en buena parte paralela a la experimentada por la propia teoría del delito. – La concepción causal de la acción surgió a finales del siglo XIX y fue la posición predominante en la doctrina hasta bien entrado el siglo XX Este concepto causal-naturalista constituyó el pilar fundamental
Nuestro sistema punitivo se basa en un Derecho penal de hecho, lo que significa que el primer requisito para afirmar la existencia de un delito es que concurra un comportamiento humano (nulla iniuria sine actione). – Sólo lo que se exterioriza puede conllevar una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico: Derecho penal
El artículo 13 del Código Penal ofrece una clasificación formal de las infracciones penales, basada exclusivamente en la gravedad de las penas a imponer (que viene a su vez establecida en el artículo 33 del Código Penal). – Delitos graves, delitos menos graves y faltas en Derecho penal + Delitos graves Son delitos graves las
Como se dijo, la teoría del delito debe elaborarse a partir de lo establecido en los preceptos penales, pues de otro modo carecería de coherencia con nuestro ordenamiento. – Artículo 10 del Código Penal: definición formal de delito El punto de partida en este sentido nos lo ofrece el artículo 10 del Código Penal, que
La segunda causa de justificación prevista por el Código penal (ya vimos la primera, la legítima defensa) es el estado de necesidad que, según expresión legal se define como «el del que para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber». – La proporcionalidad en el
La legítima defensa es una de las principales causas de justificación en Derecho Penal. Escena de la película «Legítima defensa», basada en la novela de John Grisham, del mismo nombre (en un momento dado de la película podríamos apreciar un supuesto de legítima defensa). – Condiciones para con la legítima defensa El Código penal establece
En teoría, si falta el elemento subjetivo del dolo o de la culpa, el delito no se perfecciona. Sin embargo, en algunos supuestos excepcionales, la ley prescinde de la concurrencia de dolo o de culpa para decretar la comisión de un delito imputable a un sujeto. – ¿En qué consiste la responsabilidad objetiva? Estos casos
El logro de la pacífica convivencia de cualquier grupo humano implica el establecimiento de un orden social, esto es, del conjunto de reglas y pautas de conducta que rigen la convivencia. El mantenimiento de ese orden social precisa, a su vez, de una serie de mecanismos dirigidos a promover y garantizar que el comportamiento de
El problema de las relaciones entre Derecho y moral estriba en la búsqueda de los elementos necesarios para distinguir el Derecho de la moral, para no confundir ambos conceptos, para establecer entre ellos una diferenciación clara, pero sin escindirlos, sin separar radicalmente el Derecho de la moral. En consonancia con ello examinaremos en primer lugar
El Derecho constituye un factor o un aspecto más de la vida social. Esto quiere decir que el Derecho no es sólo un conjunto de normas que como tal es una especie de isla en una sociedad determinada. El Derecho se produce en cada sociedad concreta por los grupos y fuerzas que de manera desigual
Cualquier persona suele tener una idea previa de lo jurídico: sabemos de la existencia de tribunales, leyes, contratos, multas, etc. También si preguntamos al hombre de la calle lo que entiende por Derecho con frecuencia lo identificará con las nociones de ley, orden y le aplicará las notas de obligatoriedad y coactividad. De esta manera,
El origen del sistema vicarial se encuentra en el Anteproyecto de Código Penal suizo de Stoos (1893) y supone la combinación de un sistema de doble respuesta penal. – ¿En qué consiste el sistema vicarial? El sistema vicarial constituye una técnica dirigida a evitar la acumulación de pena y medida por los mismos hechos en
¿Qué son las medidas de seguridad? Vamos a ver en esta entrada en qué consisten las medidas de seguridad, concepto relevante en el estudio del Derecho penal. – Clases de Medidas de Seguridad + Medidas de seguridad privativas de libertad La regulación de las medidas de seguridad privativas de libertad se realiza en los artículos
En función de su naturaleza y duración, el artículo 33 lleva a cabo una clasificación de las penas. – Clasificación de las penas según según su naturaleza y duración tras la ley orgánica 15/2003 PENAS GRAVES (delitos graves) MENOS GRAVES (delitos menos graves) LEVES (faltas) PRISIÓN (Art. 36) +5 años-20 años (art. 36,76, 78) 3
En nuestro Derecho penal podemos encontrar diferentes clasificaciones de las penas. Aquí vamos a ver las penas en función del bien jurídico afectado; de su naturaleza y duración; del carácter con el cual se imponen; de su composición; del momento de determinación y por último las penas en función de quién las reciba. –
La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal. – Privación o restricción de derechos consecuencia de la pena La pena es un mal para el que la sufre, se le priva de su libertad, su patrimonio, su honor.
– Derecho penal como manifestación de un Estado social + El Principio de necesidad de la intervención penal (principio de intervención mínima) La intervención del Estado sólo está justificada en la medida en que resulta necesaria para el mantenimiento de su organización política. El Derecho penal se legitima sólo en cuanto protege a la sociedad,
Las leyes penales españolas se aplican a hechos sucedidos en el territorio español (artículos 8.1 del Código Civil y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). – ¿Qué se considera territorio español? Territorio español se considera: + El Espacio terrestre peninsular e insular (incluidas las aguas interiores). + Las ciudades y territorios norteafricanos. +
Frente a la justificación de la necesidad del Derecho penal, hay que tener en cuenta aquellas otras posturas que están por la abolición del Derecho penal, las doctrinas abolicionistas. El abolicionismo va mucho más allá de la mera reforma del Derecho penal, preconizando la total desaparición del sistema penal, al considerar que no es posible
Por lo que al Derecho romano respecta, con su característico sentido pragmático, ya desde sus inicios se ocupó en profundidad y con un marcado carácter proteccionista de los recursos materiales, a tenor de la importancia de los mismos para la propia subsistencia de la población y, sobre todo, de la metrópolis. – Aplicación del Derecho
Según informa Estrabón, ya los turdetanos (comúnmente conocidos como iberos) que poblaban la antigua Iberia tenían leyes escritas en verso, de las cuales no se conserva resto arqueológico alguno, y que en caso de haber existido, suponemos que incluirían también disposiciones de carácter penal. En cuanto a los celtas, su ley llegaba incluso a castigar
La importancia del desarrollo alcanzado en el siglo XIX por las ciencias de la naturaleza produce un ambiente científico. El carácter de Ciencia lo tenían las de la naturaleza y las matemáticas (sólo ellas utilizaban el método empírico, propio del concepto positivista de ciencia). Von Kirschmann niega el carácter científico de los estudios jurídicos: por
Se elabora una ciencia acorde con el liberalismo de esta primera época. Se da un protagonismo italiano en un primer momento favorecido por la situación política y legislativa italiana. La doctrina italiana se mantiene alejada del ordenamiento positivo y prepara un futuro Código penal (Código penal italiano de 1889). A esto se llega por la
La obra fundamental en el aspecto jurídico de la ilustración fue “De los delitos y la penas” de Beccaría (1764). Fundamenta las objeciones que el pensamiento ilustrado formulaba a la legislación del Antiguo Régimen. La naturaleza del Derecho penal cambia a raíz de la Ilustración. La legislación penal de la época que hunde sus raíces
Se da cuando de un mismo supuesto de hecho, constitutivo de una sola infracción, se ocupan dos o más preceptos y, aparentemente, ambos le son aplicables, aunque sólo uno lo es. Para saber cual es el precepto cuya aplicación desplaza la de los otros, están previstas la siguientes reglas del artículo 8 CP: Especialidad: artículo
Concepto de norma penal Las normas penales están alojadas en leyes formuladas de forma muy genérica, “el que matare a otro”, “el que atentare contra la libertad sexual de otra persona”, pensadas para una generalidad de casos. Para poder aplicarlas a casos concretos resulta imprescindible interpretar los textos legales que las contienen, esto es, descubrir
Derechos aplicables del Derecho Comunitario a) Primacía: El Derecho emanado de las instituciones comunitarias en ejercicio de su poder normativo prevalece sobre el Derecho nacional. Este carácter de supremacía se fundamenta en la cesión de soberanía que los Estados miembro realizan en favor de las instituciones europeas. b) Aplicabilidad directa: El Derecho comunitario se integra en los
La cronología de la historia de la Unión Europea discurre de la siguiente forma: En 1957 Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (conocidos como “los seis”) firman de los Tratados de Roma. Son tres las comunidades: CECA, EURATOM y CEE. En 1965 se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres
La teoría del bien jurídico se origina con la obra de Birnbaum en las primeras décadas del siglo XIX. El origen del bien jurídico esta por tanto, en la pretensión de elaborar un concepto de delito previo al que forme el legislador, que condicione sus decisiones, pretensión característica de una concepción liberal del Estado, que
También a la hora de indagar sobre el concepto de pena se plantea la dificultad de un concepto formal. – ¿En qué consiste la pena? Pena es el mal que impone el legislador por la comisión de un delito. Con esta definición no se dice nada sobre cuál es la naturaleza de ese mal o
La primera dificultad con que se tropieza, al intentar dar un concepto de delito, es la imposibilidad de concebirlo al margen del Derecho penal positivo. – ¿En qué consiste un delito? En efecto, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Todo intento de definir el delito al margen del Derecho penal
Entiendo por «norma penal en blanco», aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal. – Definición de norma penal en blanco: demasiado estricta o amplia Comparada con las otras definiciones de norma penal en blanco que se dan en la doctrina, la definición aquí propuesta puede considerarse demasiado estricta
Entre las normas penales incompletas debe incluirse otro procedimiento legislativo, usado a veces en el Código Penal, en el que, para establecer la pena correspondiente a un determinado supuesto de hecho, el legislador se remite a la pena fijada para un supuesto de hecho distinto, son las denominadas normas de remisión. – Ejemplo de norma
Como toda norma jurídica la norma penal consta de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. La diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas radica en que, en la norma penal, el supuesto de hecho lo constituye un delito y la consecuencia jurídica es una pena o una medida de